Una exhaustiva investigación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y diversos organismos internacionales ha permitido poner al descubierto una compleja red de trata de personas. Esta organización criminal se dedicaba a trasladar a decenas de ciudadanos colombianos hacia Camboya, utilizando ofertas laborales fraudulentas como anzuelo para posteriormente obligarlos a ejecutar ciberestafas a escala internacional.
De acuerdo con documentos revelados por el diario El Tiempo, la magnitud de la operación es alarmante: al menos un centenar de connacionales fueron retenidos contra su voluntad en un complejo residencial ubicado al sur de la ciudad de Nom Pen. Las víctimas eran captadas mediante promesas de empleo sumamente atractivas en centros de llamadas (call centers), donde se les ofrecían salarios mensuales de hasta 2.000 dólares estadounidenses, cifra que supera los seis millones de pesos colombianos. Además, la red aseguraba cubrir la totalidad de los costos de alojamiento y los trámites migratorios necesarios para el viaje.
El expediente judicial identifica a un individuo conocido como el “señor Gin”, señalado por las víctimas como el presunto jefe de la estructura criminal. La influencia de este sujeto se hace evidente en los contratos de confidencialidad que los reclutados eran obligados a firmar antes de abandonar el país. Asimismo, en dichos documentos aparece mencionada una compañía denominada BitCloud, cuya relación directa con la red de trata se encuentra actualmente bajo un proceso de verificación por parte de las autoridades.
El proceso de traslado estaba meticulosamente planeado para evitar sospechas. Los viajeros debían grabar videos sosteniendo sus pasaportes, en los cuales afirmaban que su desplazamiento hacia Asia era totalmente voluntario. La ruta aérea establecida comenzaba en Bogotá y contemplaba escalas estratégicas en Cartagena, Ámsterdam y Bangkok, antes de aterrizar finalmente en Nom Pen.
Sin embargo, la realidad al llegar a Camboya era drásticamente diferente a la promesa inicial. Según los testimonios recogidos en la investigación, una vez en destino, hombres armados procedían a arrebatarles sus documentos de identidad, eliminando cualquier posibilidad de movilidad o escape. Las víctimas eran sometidas a un régimen de trabajo forzado de 12 horas diarias, donde se les exigía cumplir metas semanales de llamadas telefónicas. El acceso a necesidades básicas, como la comida y el alojamiento, estaba estrictamente condicionado al cumplimiento de estos objetivos. Aquellos que no lograban alcanzar las cuotas establecidas enfrentaban castigos físicos, amenazas constantes y la reducción de los pagos que se les había prometido inicialmente.
Para llevar a cabo las estafas, los reclutados pasaban por una capacitación denominada “Mastereo”. En este entrenamiento, aprendían a suplantar la identidad de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El objetivo era contactar a ciudadanos de diversos países para ofrecerles la entrega de la cédula digital, induciéndolos a instalar aplicaciones maliciosas en sus teléfonos móviles. A través de este acceso, la organización criminal podía tomar el control remoto de los dispositivos y extraer fondos de las cuentas bancarias de las víctimas.
La desesperación de los retenidos llevó a que una de las mujeres reclutadas lograra contactar a la Policía de España durante una de las llamadas obligatorias. En dicha comunicación, denunció que se encontraba cautiva junto a otros 99 colombianos, lo que permitió activar las alertas internacionales. Además, se reveló que la red exigía un pago aproximado de 30 millones de pesos colombianos —supuestamente para cubrir los gastos del viaje— como condición para otorgar la libertad a las víctimas.
En agosto de 2026, en un operativo conjunto entre la Dijín, la Fiscalía, Ameripol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se lograron realizar tres capturas y emitir cinco notificaciones de Interpol contra presuntos integrantes de la red. Actualmente, las autoridades investigan a coordinadores financieros e internacionales que estarían operando desde las ciudades de Zamora y Castellón, en España.
En Colombia, la estructura contaba con reclutadores especializados en buscar personas de entre 25 y 35 años, priorizando a quienes atravesaban dificultades económicas. Estos captadores no solo ofrecían el empleo, sino que gestionaban las citas para los pasaportes y daban instrucciones precisas sobre qué responder ante las autoridades migratorias para evitar alertas durante el tránsito. Durante las pesquisas, se hallaron cerca de 100 videos de colombianos confirmando la firma de acuerdos de confidencialidad con una persona identificada como “el señor Cristian”.
El caso permanece abierto mientras las autoridades trabajan en la identificación de todos los responsables, la reconstrucción de la ruta del dinero y la determinación del número total de víctimas trasladadas a Asia bajo estas falsas promesas laborales.
