El hallazgo de una cisterna con diésel adulterado en la refinería de Senkata, La Paz, ha reavivado las acusaciones del Gobierno sobre un presunto sabotaje en la cadena de suministro de carburantes, evidenciando una posible estructura irregular que habría afectado a millones de litros importados. El incidente coincide con reportes de usuarios que denuncian daños en sus motores, atribuidos a la baja calidad del combustible.
Según el Ministerio de Gobierno, la cisterna, proveniente de Chile, contenía diésel fuera de especificación y su descarga fue paralizada tras ser detectada en controles rutinarios. El conductor fue aprehendido al admitir la manipulación del producto. La denuncia se suma a la advertencia del Ejecutivo sobre el daño a 150 millones de litros de combustible.
El sector de cisterneros, liderado por Sergio Kosky, si bien respalda la investigación, cuestiona la magnitud de las acusaciones, argumentando que no se puede generalizar a los siete mil camiones involucrados en el transporte. Kosky también se pregunta por qué no se actuó antes si estas prácticas existían desde hace años.
Expertos, como el ingeniero Eduardo Sánchez de la UMSA, critican la falta de controles estructurales y señalan que el problema debe resolverse en laboratorios, no en conferencias de prensa. Sánchez advierte que los equipos de la ANH no miden elementos clave relacionados con los daños reportados en vehículos.
El ingeniero Carlos Delius apunta a la existencia de redes irregulares en toda la cadena de suministro, vinculadas a permisos, transporte y distribución, agravadas por la concentración de funciones en YPFB. La situación plantea interrogantes sobre por qué el problema, aparentemente conocido, emerge ahora como una crisis nacional.
Gobierno y transportistas firmaron un acuerdo para evitar un paro por la gasolina desestabilizada. El Ejecutivo afirma que la adulteración no es un problema reciente. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
