La Contraloría General del Estado detectó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de dos jueces de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada Prado y José Luis Terán Suárez, derivando los informes a la Fiscalía para investigación. Las irregularidades incluyen montos no justificados en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, así como omisiones en la declaración de activos y pasivos.
En el caso de Alí Lozada Prado, ex presidente de la CC, se identificaron $25.000 no justificados en entidades financieras, además de un crecimiento patrimonial superior a $302.310,05 entre 2020 y 2025. El análisis de la Contraloría abarcó siete declaraciones juramentadas entre junio de 2020 y agosto de 2025, incluyendo las de su cónyuge, y reveló diferencias en el componente Disponible en entidades del sistema financiero, entidades financieras en el exterior y en otros .
Específicamente, se encontraron depósitos sin respaldo documental en cuentas en Ecuador y en el Banco de Chile. Lozada no presentó verificación para un incremento de aportes en un fondo de pensiones en Chile por $1.382,80 dólares. La Contraloría determinó que durante el periodo analizado se registraron acreditaciones por más de 2 millones de dólares en cuentas vinculadas al juez y su familia, provenientes de sueldos, actividades académicas, arriendos, inversiones y transferencias. Sin embargo, una parte significativa de estos movimientos carece de justificación documental.
Lozada intentó explicar las transacciones, indicando haber solicitado información al Banco Pichincha sobre ciertos depósitos y atribuyendo otros ingresos a arriendos y actividades docentes, presentando documentación tributaria. No obstante, la Contraloría concluyó que estos documentos no verificaban completamente el origen de los recursos o carecían de la formalidad necesaria. En relación a una transferencia, Lozada afirmó que correspondía a un anticipo por la venta de un terreno, presentando una declaración juramentada, pero sin documentación adicional que comprobara la procedencia del dinero. Respecto a depósitos en cuentas de su cónyuge, argumentó que eran devoluciones de préstamos familiares, sin adjuntar documentos que acrediten el origen inicial de esos fondos.
Además, la Contraloría detectó que Lozada no incluyó en sus declaraciones una cuenta bancaria en el Banco Internacional, abierta desde 2001, contraviniendo la obligación legal de reportar todos sus activos. Lozada alegó no recordar haber abierto la cuenta, sospechando que podría ser una cuenta antigua resultante de una crisis bancaria. El informe también destaca la adquisición de un bien inmueble en 2023 por $380.000, financiado con un crédito hipotecario y pagos con cheques certificados, lo que contribuyó significativamente al crecimiento patrimonial del juez. También se identificó la venta de un inmueble en 2022 por $55.000 y la omisión de una bodega en las declaraciones patrimoniales, a pesar de ser un predio independiente según el Registro de la Propiedad.
Por otro lado, el examen especial a las declaraciones de José Luis Terán Suárez reveló ingresos no justificados por $70.794. La Contraloría remitió este informe a la Fiscalía el 30 de marzo de 2026. El análisis cubrió siete declaraciones patrimoniales entre enero de 2020 y noviembre de 2025, incluyendo las de su esposa, Celma Espinosa Venegas.
Se determinó que Terán no presentó documentación que justifique el origen de $54.304 en cuatro cuentas bancarias. Además, omitió incluir algunas de sus cuentas bancarias en las declaraciones, a pesar de que estas mantenían movimientos y estaban activas durante el periodo analizado. Terán alegó un error de buena fe, argumentando que las cuentas no se utilizaban regularmente, pero la Contraloría rechazó esta justificación.
Asimismo, Terán no justificó el origen de los fondos para cancelar una cuota de un préstamo de $2.316,61 del Banco Produbanco, ni el pago de $13.576,95 a tarjetas de crédito. Alegó que los pagos se realizaron con fondos propios en efectivo, pero no adjuntó documentos de respaldo. También se detectó que Terán no declaró cuatro tarjetas de crédito a su nombre y al de su esposa.
El patrimonio de Terán y su cónyuge experimentó una variación de $268.293,27 entre 2020 y 2025, debido al aumento en el valor de bienes inmuebles, cuentas por cobrar, fondos de pensión y deudas, y a la disminución en el disponible en cuentas bancarias y vehículos. Se identificó un terreno adquirido en 2022 por $158.000, financiado con un préstamo del Banco de Guayaquil. La Contraloría también halló discrepancias entre los valores declarados de los bienes inmuebles y los avalúos catastrales municipales, indicando que en doce predios se declararon valores inferiores a los registrados en el catastro.
Finalmente, se constató que Terán no declaró los derechos de propiedad intelectual sobre su libro El delito de lavado de activos , registrado en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi). Ambos casos se encuentran ahora en manos de la Fiscalía para la correspondiente investigación.
