La Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, creada en 2025 durante la administración de Luis Cordero, ha sido disuelta por la ministra Trinidad Steinert, marcando un cambio significativo en la estrategia de seguridad del gobierno actual. Esta unidad, diseñada para articular el Sistema de Seguridad Pública y coordinar la integración de datos entre instituciones clave como Carabineros, la PDI, la Fiscalía, el SII y Aduanas, verá sus funciones absorbidas por otras divisiones del ministerio, según lo confirmado por la cartera.
La decisión, que ha generado sorpresa y preocupación en ciertos sectores, se produce tras la salida de varios ingenieros que trabajaban en la integración de datos y la renuncia de Fabián Gil, el profesional a cargo de la unidad. Según fuentes cercanas al proceso, la desvinculación del equipo técnico se realizó sin previo aviso a Gil, lo que precipitó su salida y puso fin al ciclo de una estructura que había sido concebida como el cerebro analítico del ministerio.
La Unidad Estratégica nació como respuesta a un problema persistente en la gestión de la seguridad pública: la dispersión de información. Cada institución mantenía sus propios registros y diagnósticos, lo que dificultaba la obtención de una visión integral de la situación y la toma de decisiones informadas. El equipo liderado por Gil, en colaboración con el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, había avanzado en el desarrollo de una plataforma común que buscaba consolidar un sistema integrado de información, permitiendo un análisis más preciso y una coordinación más efectiva entre los diferentes organismos.
El Ministerio de Seguridad Pública justifica la disolución de la unidad como parte de una reorganización interna. Argumentan que sus funciones se superponían con las de otras áreas, como el Departamento de Análisis Criminal y las divisiones de Crimen Organizado, Terrorismo y Frontera, y que la concentración de la tarea de unificación de datos en estas divisiones permitirá una mayor eficiencia.
Sin embargo, esta explicación no ha convencido a todos. La ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública contempla explícitamente la existencia de una instancia dedicada a la coordinación y análisis estratégico de la información en materia de seguridad, lo que plantea interrogantes sobre cómo se cumplirá este mandato tras la eliminación de la Unidad Estratégica. La disolución de la unidad podría implicar un retroceso en los esfuerzos por mejorar la gestión de la seguridad pública y dificultar la implementación de políticas basadas en evidencia.
La decisión de Steinert no se limita a cambios administrativos. Representa una intervención en áreas técnicas que, hasta hace poco, se consideraban intocables debido a su especialización. La Unidad Estratégica era vista como un componente fundamental del diseño original del ministerio, y su desmantelamiento sugiere un rediseño más profundo de la estrategia de seguridad del gobierno.
Además de la salida de Gil y los ingenieros, la reciente renuncia de una decena de abogados que llevaban causas del ministerio ha generado preocupación sobre la capacidad operativa de la cartera. Estos movimientos de personal, sumados a la disolución de la Unidad Estratégica, podrían afectar la capacidad del ministerio para abordar los desafíos en materia de seguridad pública.
La apuesta del gobierno, según fuentes del ministerio, es que las divisiones existentes puedan asumir las funciones de la Unidad Estratégica y avanzar en la unificación de datos. Sin embargo, la experiencia previa sugiere que la coordinación entre diferentes instituciones puede ser compleja y que la falta de una instancia centralizada dedicada a la integración de datos podría obstaculizar el progreso.
El futuro del Sistema de Seguridad Pública queda ahora en suspenso. La plataforma común que se estaba desarrollando bajo el liderazgo de Gil podría quedar inconclusa, y la dispersión de información podría persistir, dificultando la toma de decisiones informadas y la implementación de políticas efectivas. La disolución de la Unidad Estratégica representa un giro significativo en la estrategia de seguridad del gobierno y plantea interrogantes sobre su capacidad para abordar los desafíos en materia de seguridad pública. La efectividad de la reorganización y la capacidad de las divisiones existentes para asumir las funciones de la unidad disuelta serán cruciales para determinar el impacto de esta decisión en la seguridad de los ciudadanos.
