El Poder Ejecutivo uruguayo, liderado por Yamandú Orsi, ha decidido dar por finalizadas las negociaciones con el astillero español Cardama, tras constatar elementos contundentes de fraude y estafa en el contrato de construcción de una patrullera oceánica. La decisión, anunciada en el marco de la comisión investigadora sobre el caso, implica la rescisión del contrato, la denuncia penal de la empresa y el inicio de acciones legales para recuperar más de 30 millones de dólares ya entregados a la compañía.
La ruptura de las negociaciones se produce después de que el abogado Gonzalo Fernández, actuando como mediador por parte de Mario Cardama, director y fundador del astillero, intentara una solución extrajudicial con el gobierno uruguayo. Fernández se reunió en dos ocasiones con representantes del Poder Ejecutivo, incluyendo al propio presidente, buscando un acuerdo que evitara la vía judicial.
Sin embargo, según declaraciones del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la empresa Cardama nunca presentó alternativas de solución concretas por escrito. La empresa no ofreció alternativas de solución por escrito en ningún momento , afirmó Díaz, añadiendo que, a pesar de que el gobierno uruguayo había dado vista en el expediente contra Cardama, nunca escuchó de parte de Fernández opciones de garantías sólidas.
En un intento por subsanar las irregularidades detectadas en la garantía inicial, Cardama propuso tres alternativas. La primera consistía en la utilización de bonos del Tesoro de Estados Unidos como garantía, con la posibilidad de ser ejecutados en caso de incumplimiento del contrato. La segunda opción planteaba el depósito de activos económicos de la empresa en el Banco República, como forma de garantía para el Estado uruguayo. La tercera alternativa involucraba una extensión de la garantía de reembolso, a cargo de la empresa Redbridge, que ya había estado involucrada en la garantía original.
A pesar de estas propuestas, el gobierno uruguayo consideró que ninguna de ellas ofrecía las garantías suficientes para proteger los intereses del Estado. La respuesta oficial al pedido de informes, realizado por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, detalla que las reuniones con Fernández fueron consideradas como de buenos oficios y, por lo tanto, no se registraron como una propuesta formal.
En la primera reunión, participaron el presidente de la República y el señor Fernández. En la segunda reunión, participaron Sandra Lazo, Jorge Díaz, Sergio Pérez, Álvaro Colotta, Joel Rodríguez y Cristina Vázquez, además del propio abogado , se indica en el documento. Sin embargo, se aclara que formalmente no trasladó ninguna propuesta durante ambas reuniones.
La decisión del Poder Ejecutivo de no responder a las propuestas de Cardama se basa en la interpretación de que, formalmente , la empresa no presentó ninguna oferta vinculante. Esta postura ha generado críticas por parte de la oposición, que acusa al gobierno de falta de transparencia y de no haber explorado todas las vías posibles para evitar la pérdida de fondos públicos.
Tras las dos reuniones con representantes del gobierno uruguayo, Mario Cardama decidió suspender el proceso de mediación y comunicó a Fernández que, por el momento, no dialogaría más con el Ejecutivo. Esta decisión allanó el camino para la rescisión del contrato y el inicio de las acciones legales.
La denuncia penal contra Cardama se basa en la evidencia de fraude y estafa detectada en el proceso de contratación y en la presentación de garantías fraudulentas. El gobierno uruguayo espera recuperar los más de 30 millones de dólares entregados a la empresa, así como obtener una compensación por los daños y perjuicios causados.
El caso Cardama ha generado un fuerte debate político en Uruguay, con acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición. La oposición ha exigido una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades de todos los involucrados en el caso, mientras que el gobierno ha defendido su actuación y ha asegurado que actuó con transparencia y en defensa de los intereses del Estado.
La comisión investigadora sobre el caso Cardama continúa trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que en las próximas semanas se presenten nuevos informes y testimonios que permitan reconstruir la cronología de los acontecimientos y determinar el alcance del fraude.
El gobierno uruguayo ha reiterado su compromiso de llevar adelante una investigación exhaustiva y de exigir responsabilidades a todos aquellos que hayan participado en el fraude. Asimismo, ha asegurado que tomará todas las medidas necesarias para proteger los intereses del Estado y recuperar los fondos públicos perdidos. El caso Cardama se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Uruguay, y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública.
