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Ciudad Juárez, Chihuahua A pesar de ser un derecho elevado a rango constitucional, Chihuahua se mantiene como uno de los ocho estados en el país que aún no firma el convenio de coordinación con la Federación para la implementación universal de la Pensión para Personas con Discapacidad. El Congreso estatal ha emitido cuatro exhortos al Gobierno estatal para concretar este acuerdo, sin embargo, las negociaciones se han estancado principalmente por desacuerdos presupuestarios.
Actualmente, 24 estados ya han formalizado el convenio de universalidad, lo que permite la entrega de la pensión a personas con discapacidad permanente de cero a 64 años de edad. En los estados rezagados, incluyendo Chihuahua, el beneficio se limita a personas de cero a 29 años.
El modelo de universalidad implica una corresponsabilidad financiera entre los gobiernos estatal y federal. Los estados deben cubrir el 50 por ciento del costo de las pensiones para personas de 30 a 64 años, mientras que la Federación aporta la otra mitad. El Gobierno de Chihuahua ha justificado su demora en la firma del convenio argumentando limitaciones financieras y la existencia de otras prioridades en su presupuesto local.
En mayo de 2023, Mayra Chávez Jiménez, delegada del Bienestar en Chihuahua, había anunciado que la firma del convenio era inminente. La funcionaria enfatizó que la pensión es un derecho irrenunciable para las personas con discapacidad, un reclamo que ha sido respaldado incluso por amparos federales, como lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020, y su reforma del 2 de diciembre de 2024.
Todos estamos contentos y todos estamos seguros de que ese tipo de pensiones deben de desarrollarse y ese tipo de pensiones deben de ser universales para todas las personas de forma indistinta , declaró Chávez Jiménez en su momento, expresando optimismo sobre la pronta resolución del asunto.
La situación ha sido abordada a nivel federal. El 22 de octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución para incluir explícitamente los apoyos a personas con discapacidad, así como a pequeños productores agrícolas y pesqueros.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reforma busca garantizar la continuidad de los convenios con los estados para lograr la universalidad de la pensión, con una inversión compartida entre el Gobierno federal y las entidades federativas. Como ustedes saben, hemos venido firmando convenios con ya 23 estados para que esta pensión se logre su universalidad con la participación de la inversión del Estado y del Gobierno federal, de tal manera que esta modificación a este artículo 4 en materia de discapacidad garantiza que continuemos con estos convenios , afirmó Sheinbaum.
La falta de acuerdo en Chihuahua ha generado frustración entre las organizaciones de personas con discapacidad, quienes consideran que el estado está incumpliendo con sus obligaciones constitucionales. La pensión no solo representa un apoyo económico fundamental, sino también un reconocimiento de sus derechos y una herramienta para mejorar su calidad de vida.
La situación presupuestaria de Chihuahua ha sido un tema recurrente en las negociaciones. El Gobierno estatal ha argumentado que la asignación de recursos para cubrir el 50 por ciento del costo de las pensiones para el rango de edad de 30 a 64 años implicaría un ajuste significativo en otras áreas prioritarias, como la educación, la salud o la seguridad pública.
Sin embargo, los defensores de los derechos de las personas con discapacidad argumentan que la inversión en la pensión es una medida de justicia social y un cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Además, señalan que la pensión puede tener un impacto positivo en la economía local, al aumentar el poder adquisitivo de las personas con discapacidad y fomentar el consumo.
El Congreso del Estado ha reiterado su llamado al Gobierno estatal para que priorice la firma del convenio y garantice el acceso universal a la pensión para las personas con discapacidad. Los diputados han propuesto diversas alternativas para resolver el problema presupuestario, como la reasignación de recursos de otras áreas o la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.
La delegada del Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, ha mantenido un diálogo abierto con las autoridades estatales para tratar de encontrar una solución que beneficie a las personas con discapacidad en Chihuahua. Se espera que en las próximas semanas se concrete una reunión entre representantes del Gobierno estatal y federal para discutir los detalles del convenio y resolver los pendientes presupuestarios.
La resolución de este conflicto es crucial para garantizar que las personas con discapacidad en Chihuahua puedan ejercer plenamente sus derechos y acceder a una pensión que les permita vivir con dignidad y autonomía. La firma del convenio no solo cumpliría con una obligación constitucional, sino que también representaría un paso importante hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.
