La Audiencia Nacional ha condenado al Estado, a la Xunta de Galicia, al concello de Ribadeo (Lugo) y a varias aseguradoras a indemnizar con 73.200 euros a la familia de una joven de Valladolid que falleció el 31 de marzo de 2018 en la playa de las Catedrales, tras desprenderse piedras en la cueva que visitaba. La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo, establece la responsabilidad de las tres administraciones en la muerte de la joven, ocurrida durante la Semana Santa y tras dos desprendimientos previos ese mismo día que no llevaron a la suspensión del acceso, controlado por una empresa externa.
Los magistrados consideran que, si bien la víctima y su acompañante debían ser conscientes de que el lugar no era completamente seguro, dado que las autorizaciones de visita incluían advertencias al respecto, el incremento del riesgo ese día, provocado por las recientes lluvias, debía ser también evidente para las administraciones demandadas . Sin embargo, no se implementó ningún plan de actuación ni se procedió al cierre total o parcial del acceso a la playa.
En este contexto, la sentencia subraya que la decisión de la víctima de acceder a la zona, influenciada por la presencia de otras personas y la aparente permisividad del personal de control, no desplaza totalmente la responsabilidad de las Administraciones públicas . Por ello, se condena a cada una de ellas a asumir el 40% de la indemnización reclamada por la familia, que ascendía a 182.194 euros.
La investigación judicial destaca que, tras los desprendimientos previos a la tragedia, el personal de vigilancia no tomó ninguna medida preventiva ni informó a sus superiores o a los agentes medioambientales. En cambio, el personal encargado del acceso priorizó la continuidad del flujo de visitantes, ante la gran afluencia de público. Además, se señala que la señalización específica sobre el riesgo de desprendimientos era escasa y que se reforzó únicamente después del accidente.
La sentencia también pone de manifiesto la falta de instrucción adecuada del personal de control de accesos y la ausencia de un plan de actuación para situaciones de riesgo elevado. Asimismo, se constata la falta de presencia de policía municipal en el lugar.
La Audiencia Nacional ha fijado indemnizaciones específicas para cada administración: 29.800 euros para la Administración General del Estado, 28.700 euros para la Xunta de Galicia y 6.300 euros para el concello de Ribadeo.
Para fundamentar su decisión, los magistrados hacen referencia a una sentencia previa relacionada con la muerte de una mujer en 2016 en una playa gaditana, en la que se determinó la responsabilidad patrimonial del Estado en la tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre, así como del ayuntamiento en el mantenimiento de la limpieza, higiene y salubridad, y en la vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad.
En el caso de la Xunta de Galicia, la sentencia considera que su responsabilidad deriva de las peculiaridades de este caso. La administración autonómica intervino en la playa de las Catedrales al declararla monumento natural y aprobar un plan de conservación destinado a controlar la afluencia de visitantes y evitar la degradación del paraje, incluyendo medidas de seguridad.
Según la Audiencia Nacional, la administración autonómica no puede ejercer sus competencias en materia de medioambiente sin adoptar prevenciones desde el punto de vista de la seguridad pública, que es puesta en peligro por la misma razón que justifica la protección ambiental, esto es, la afluencia de visitantes en gran número a un lugar que agrava la inestabilidad del terreno .
Las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Nacional, contra las que cabe recurso de casación, representan el último capítulo de un suceso cuya investigación penal fue archivada por un juzgado de Mondoñedo, que calificó la muerte como accidental .
La playa de las Catedrales, conocida por las impresionantes formaciones rocosas esculpidas por la erosión marina en marea baja, que recuerdan a los claustros de una catedral, es uno de los monumentos naturales más visitados de Galicia, junto con la catedral de Santiago de Compostela. La sentencia pone de relieve la necesidad de que las administraciones públicas prioricen la seguridad de los visitantes en espacios naturales de gran afluencia, implementando medidas preventivas adecuadas y garantizando una respuesta eficaz ante situaciones de riesgo. La tragedia de 2018 sirve como un recordatorio de las consecuencias de la falta de planificación y coordinación en la gestión de espacios naturales protegidos.
