El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero de la institución, Pablo Toviggino, en una causa que investiga presuntos desmanejos de fondos relacionados con la retención indebida de impuestos y aportes previsionales. La medida judicial incluye un embargo de $350 millones sobre los bienes de cada uno, además de mantener la prohibición de salida del país para Tapia.
La acusación formal proviene de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señala a la AFA por actuar como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin realizar los depósitos correspondientes dentro del plazo legal establecido de 30 días corridos después del vencimiento. Los períodos bajo investigación abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, involucrando retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, por un total que supera los $19 mil millones.
Tapia y Toviggino comparecieron ante la Justicia, argumentando que la deuda fue efectivamente pagada, aunque fuera de término. Esta defensa implica que, según su perspectiva, el delito se habría consumado al realizar el pago tardío. Sin embargo, el juez Amarante consideró suficiente la evidencia presentada por ARCA para avanzar con el procesamiento y las medidas cautelares.
El presidente Javier Milei se ha mantenido distante de la investigación, enfatizando que la denuncia fue iniciada por ARCA en cumplimiento de sus funciones. Si ARCA no hiciera eso, estaría incumpliendo los deberes de un funcionario público. En estos temas dejo que actúen los organismos y la Justicia, yo no interfiero en estas cosas , declaró Milei, subrayando su postura de no intervención en asuntos judiciales.
Milei reafirmó su política de firmeza en la aplicación de la ley: Si una persona comete un delito, tiene que pagar. En la Argentina, el que las hace las paga. Es una regla básica de este Gobierno. Para eso está la Justicia, y si encuentran que cometieron delitos, deberán pagar como cualquier otro argentino. A todo el mundo se le exigen balances. No pueden pretender estar fuera de la ley . Estas declaraciones reflejan el compromiso del gobierno actual con la transparencia y la rendición de cuentas, independientemente del cargo o la influencia de los involucrados.
En un comunicado previo al avance de la causa, la AFA había destacado su compromiso con la transparencia en la gestión, resaltando los logros alcanzados durante los nueve años de administración de Tapia. El comunicado oficial describía un proceso de normalización institucional , fortalecimiento de vínculos con los diferentes actores del sistema futbolístico y promoción de una estructura más sólida y moderna.
La AFA argumentó que, bajo el liderazgo de Tapia, se impulsó una profunda modernización de la entidad, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna. Además, se destacó la consolidación de un esquema sustentable , con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan fuertemente con la situación actual de Tapia y Toviggino ante la Justicia, generando interrogantes sobre la veracidad de las afirmaciones de transparencia y buena gestión. La investigación judicial podría revelar si las mejoras implementadas en la AFA fueron suficientes para evitar irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
El procesamiento de Tapia y Toviggino representa un golpe significativo para la imagen del fútbol argentino, especialmente en un momento en que la AFA busca proyectar una imagen de modernidad y profesionalismo. La causa judicial podría tener repercusiones importantes en el ámbito deportivo y político, generando debates sobre la necesidad de una mayor supervisión y control en la gestión de los recursos de las entidades deportivas.
La magnitud de los montos involucrados en la acusación, que superan los $19 mil millones, subraya la gravedad de las presuntas irregularidades. La investigación judicial deberá determinar si Tapia y Toviggino actuaron con dolo o negligencia en la retención y depósito de los impuestos y aportes previsionales, y si existen otros responsables involucrados en el presunto desmanejo de fondos.
El embargo de $350 millones sobre los bienes de cada uno de los acusados busca asegurar el pago de la deuda en caso de que sean declarados culpables. La prohibición de salida del país para Tapia tiene como objetivo evitar que se fugue o entorpezca la investigación judicial.
La causa judicial contra Tapia y Toviggino se suma a otras investigaciones que involucran a la AFA, lo que pone en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos del fútbol argentino. La resolución final del caso dependerá de las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa, y del criterio del juez Amarante.
