La atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa una crisis profunda, con centros de cuidado al borde del colapso debido a la acumulación de deudas por parte de obras sociales y programas nacionales como Incluir Salud. La situación, que se extiende por al menos cinco meses, pone en riesgo los derechos de miles de personas y amenaza con revertir avances logrados en las últimas dos décadas en materia de inclusión.
Dos prestadoras del sector, Florencia Esquinazi (centro Otawá de Posadas) y Amanda Álvarez (centro CADIFU de Candelaria), describieron un panorama crítico y agobiante , donde la falta de pagos pone en jaque la continuidad de servicios esenciales como acompañamiento educativo, estimulación temprana, rehabilitación motora, comedores y transporte adaptado. A pesar de las tres jornadas de paro nacional realizadas este mes, la mayoría de los centros continuó atendiendo, no por normalidad, sino por la imposibilidad de suspender prestaciones para un sector en una situación de múltiple vulneración de derechos .
La situación es muy crítica. Los prestadores que integran la cámara del NEA dicen que es la crisis más profunda en 30 años. Es una vulneración de derechos terrible, tremenda e inaudita , sintetizó Álvarez. La problemática no es exclusiva del sector de la discapacidad, ya que farmacias, ópticas y odontólogos también enfrentan retrasos en los pagos, pero se agrava en este ámbito por la naturaleza ininterrumpida de muchos servicios y la vulnerabilidad de los beneficiarios.
Hay concurrentes y beneficiarios que no tienen otra comida que no sea el desayuno, el almuerzo o la merienda que tienen con nosotros , relató Álvarez, poniendo de manifiesto la dependencia de muchos usuarios de los servicios que ofrecen estos centros. Esquinazi, por su parte, describió la situación como un bucle descendiente que nos está apretando en todos los aspectos , ya que, además de la falta de pagos, los montos de las prestaciones no se actualizan, erosionando aún más la capacidad de los centros para cubrir sus costos.
La falta de recursos se traduce en dificultades para cubrir los sueldos del personal, adquirir insumos y mantener el funcionamiento de los espacios. En CADIFU, según Álvarez, la suspensión o cierre de actividades no ha sido una opción hasta el momento, pero el centro empieza a depender de recursos externos al circuito formal, generando incertidumbre financiera. ¿Qué empresa puede sobrevivir estando 5 meses sin cobrar y dando transporte, almuerzo, No hay forma, es imposible. Hemos pedido préstamos personales para pagar sueldos a nuestra gente, y en algún momento se corta eso también, no podés pedir préstamo sobre préstamo , aseguró.
La situación también afecta la prestación de servicios de transporte adaptado. Esquinazi informó que el mayor prestador de transporte que trabajaba con Incluir Salud se dio de baja debido a la imposibilidad de sostener los costos, lo que ha impedido que muchas familias accedan a los servicios, algunos de ellos vitales.
El impacto de la crisis se extiende al personal de apoyo de los centros, que se enfrenta a la incertidumbre laboral y a la posible rotación de equipos, afectando la continuidad de los tratamientos. Particularmente hoy no tenemos la plata para pagar los sueldos del mes, ya no sabemos de donde sacar , advirtió Esquinazi.
Ante la falta de recursos, algunos centros se han visto obligados a trasladar los gastos a las familias, solicitando que aporten elementos desde sus hogares, como materiales de trabajo o de limpieza. Sin embargo, ambas referentes advierten que el problema trasciende lo económico y pone en discusión un piso de derechos que, hasta hace algunos años, parecía firme.
Esquinazi considera que la falta de pagos, la desactualización del nomenclador de prestaciones y la incertidumbre en la continuidad de los servicios representan un retroceso de casi dos décadas en el sistema de atención. Volvemos a una discusión que ya la habíamos resuelto hace mucho tiempo. Argentina se adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 , recordó, señalando que la preocupación radica en la posible pérdida de lugares de atención y la consecuente disminución de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La falta de recursos podría generar un colapso en los centros de atención primaria y hospitales, que se verían desbordados por la demanda y, en muchos casos, carecerían de profesionales específicos para atender las necesidades de este sector. Álvarez agregó que el riesgo no es solo el cierre de espacios, sino también la pérdida de redes de apoyo que brindan oportunidades de inclusión y mejor calidad de vida a las personas con discapacidad y sus familias.
Nosotros estamos brindando una oportunidad a los niños y adultos, y a las familias también. Son herramientas que estamos dando para que puedan tener una mejor calidad de vida , aseguró Álvarez, enfatizando la importancia de mantener estos servicios en funcionamiento. La emergencia actual, según ambas referentes, exige soluciones urgentes para evitar un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión plena en la sociedad. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda del sistema de financiamiento y una mayor sensibilidad hacia las necesidades de este sector vulnerable.
