Los procesos de elección de segundo grado 2026 en Guatemala han estado marcados por tensiones políticas, negociaciones cuestionables y, de manera preocupante, amenazas de criminalización, especialmente en la conformación de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la elección del Fiscal General de la República. Este último factor, el miedo a la persecución penal como herramienta de coacción, se distingue de procesos similares anteriores.
En la elección del Tribunal Supremo Electoral, el proceso se desarrolló bajo control de la comisión y sus aliados, con unanimidad en las decisiones, a pesar de la decepción ciudadana con la lista final de candidatos. En el Congreso, las tachas contra candidatos fueron consideradas, pero rechazadas rápidamente, impidiendo que los diputados con mayor influencia impusieran sus preferencias.
La integración de la CC enfrenta desafíos, con intentos de anular las designaciones de Astrid Lemus y Julia Marisol Rivera, esta última designada en un puesto que se esperaba fuera reocupado por la actual presidenta de la CC, Leyla Lemus. Paralelamente, el Ministerio Público busca activar denuncias penales contra Lemus y la presidenta del CANG, Patricia Gámez, en un intento por favorecer la permanencia de Nester Vásquez en la CC y generar problemas en la futura comisión que nombrará al Fiscal General.
La comisión de nominación para el Fiscal General se prepara para evaluar a 49 aspirantes, enfrentando presiones para incluir a la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Algunos comisionados reportan coacciones y temen represalias, incluso mencionando influencias externas. El 17 de abril se revelará el impacto de estas presiones y la fuerza de los intentos de manipulación. La situación plantea serias dudas sobre la independencia del proceso y la integridad de las instituciones.
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