Una encuesta de Ipsos CIESMORI revela un clima de desconfianza generalizada en la sociedad boliviana a raíz del accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto, que dejó 24 fallecidos y decenas de heridos. La encuesta, realizada tras el siniestro del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba cerca de 50 millones de bolivianos, expone el malestar ciudadano ante diversos aspectos del incidente y su manejo posterior.
El 67% de los encuestados rechaza la quema de dinero en el lugar del accidente. Dentro de este grupo, un 38% considera que se trató de una negligencia por falta de protocolos, mientras que un 29% sospecha de un intento de destruir evidencia. Un 21% justifica la medida como un procedimiento técnico necesario.
La detención de las personas que recogieron el dinero cuenta con el respaldo del 62% de la población, quienes consideran justa la medida preventiva. Sin embargo, un 23% la califica de excesiva, argumentando que muchos actuaron motivados por la necesidad económica.
La encuesta también refleja un impacto negativo en la imagen del vicepresidente Edman Lara. Un 43% considera que sus declaraciones fueron irresponsables, un 23% las atribuye a una estrategia política, y solo un 24% valora su accionar como un intento de transparentar los hechos.
La propuesta de legalizar los billetes de la serie B recuperados tras el accidente genera un fuerte rechazo, con un 67% de oposición, argumentando que validaría un delito y afectaría la economía nacional. Un 19% se muestra a favor, justificándolo por la crisis económica.
El Gobierno Nacional ha asegurado que los billetes involucrados en el siniestro no volverán a circular y que se ha procedido al decomiso de los fondos sustraídos, enfatizando que los billetes de la serie B en circulación no provienen del accidente.
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