Al menos 17 alcaldes de la Región Metropolitana de Santiago han sido objeto de amenazas de muerte, evidenciando una escalada de la violencia y el control territorial ejercido por el crimen organizado en Chile. Ocho de estos alcaldes cuentan actualmente con resguardo policial, según revelaciones recientes.
La situación, que se ha agravado en los últimos tres años, muestra una sistemática intención de amedrentar a las autoridades locales y a sus equipos, quienes se encuentran en la primera línea de la recuperación de barrios y poblaciones. José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), advierte que las estructuras delictuales buscan instalarse en los barrios y ven en los municipios un obstáculo directo.
Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, ha sido una de las primeras en recibir protección policial desde 2017, tras colaborar en una investigación relacionada con un alcalde vecino acusado de vínculos con el narcotráfico. Desde entonces, ha enfrentado encerronas, seguimiento y hasta el apedreamiento de su vehículo. Me amenazan, me gritan cosas , relata Pizarro, quien ha tenido que esconderse en domicilios para evitar intimidaciones.
El incremento de las amenazas se atribuye a la mayor fiscalización por parte de los municipios, la recuperación de espacios públicos y el enfrentamiento al comercio ilegal. Casos recientes incluyen amenazas al alcalde de Peñalolén tras la demolición de una casa vinculada al narcotráfico, y el envío de un cadáver a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
Palacios enfatiza que la seguridad de los alcaldes impacta directamente en la capacidad de los municipios para fiscalizar y prestar servicios básicos. Ante esta situación, la fiscalía ha puesto a disposición de los alcaldes un programa computacional para agilizar las denuncias y la solicitud de protección. Amuch impulsa un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes amenacen a los jefes de municipios.
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