Human Rights Watch (HRW) ha solicitado poner fin al estado de excepción implementado en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022. La organización basa su petición en las implicaciones que este régimen tiene para los derechos humanos y las libertades civiles en el país centroamericano. La información sobre esta solicitud fue publicada originalmente en Diario Extra.
El estado de excepción, decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, fue una respuesta a un aumento de la violencia atribuida a las pandillas, conocidas como "maras". Desde su implementación, las autoridades salvadoreñas han llevado a cabo una serie de operativos de seguridad a gran escala, resultando en la detención de decenas de miles de personas. Si bien el gobierno ha argumentado que estas medidas son necesarias para combatir la delincuencia y restaurar la seguridad ciudadana, HRW expresa su preocupación por la manera en que se han llevado a cabo estas detenciones y el impacto en los derechos fundamentales de la población.
La principal crítica de HRW se centra en la falta de garantías procesales adecuadas durante las detenciones. La organización denuncia que muchas personas han sido arrestadas sin órdenes judiciales válidas y sin acceso a un abogado, violando así el debido proceso legal. Además, se han recibido informes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo torturas y tratos inhumanos o degradantes.
Otro aspecto preocupante señalado por HRW es la ampliación indefinida del estado de excepción. Originalmente decretado por un período limitado, el gobierno ha prorrogado la medida en repetidas ocasiones, lo que ha generado incertidumbre sobre su duración y ha permitido que las restricciones a los derechos fundamentales se mantengan vigentes por un tiempo prolongado. La organización argumenta que un estado de excepción prolongado puede convertirse en una forma de gobierno permanente, socavando los principios democráticos y el estado de derecho.
HRW también ha expresado su preocupación por el impacto del estado de excepción en el sistema judicial salvadoreño. La organización señala que el gran número de detenciones ha sobrecargado los tribunales y ha dificultado la capacidad de los jueces para garantizar juicios justos y oportunos. Además, se han denunciado casos de juicios masivos, en los que se juzga a decenas de personas en una sola audiencia, lo que dificulta la defensa individual de cada acusado.
La solicitud de HRW se suma a las preocupaciones expresadas por otras organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Estas organizaciones han instado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos y el debido proceso legal en todas sus acciones de seguridad.
El gobierno de Bukele ha defendido su política de mano dura contra las pandillas, argumentando que ha logrado reducir significativamente la tasa de homicidios en el país. Sin embargo, HRW sostiene que la seguridad ciudadana no puede lograrse a costa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La organización insta al gobierno a adoptar una estrategia integral para combatir la delincuencia, que incluya medidas de prevención, rehabilitación y fortalecimiento del sistema judicial, respetando siempre los derechos humanos y el estado de derecho.
La situación en El Salvador es compleja y requiere un análisis cuidadoso. Si bien es comprensible la preocupación del gobierno por la violencia y la delincuencia, es fundamental que las medidas adoptadas para combatirlas sean proporcionales, necesarias y respetuosas de los derechos humanos. La prolongación indefinida del estado de excepción y la falta de garantías procesales adecuadas pueden tener consecuencias negativas a largo plazo para la democracia y el estado de derecho en el país.
HRW enfatiza que el fin del estado de excepción no significa renunciar a la lucha contra la delincuencia, sino que implica buscar soluciones más efectivas y respetuosas de los derechos humanos. La organización insta al gobierno salvadoreño a dialogar con la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional para encontrar un camino que permita garantizar la seguridad ciudadana sin sacrificar los principios democráticos y el estado de derecho. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave para construir una sociedad más justa y segura para todos los salvadoreños. La organización continuará monitoreando la situación en El Salvador y seguirá abogando por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
