Tegucigalpa En lo que va del 2026, Honduras ha recibido de vuelta a 10,071 de sus ciudadanos deportados, un promedio alarmante de 129 personas al día, según datos recientes. Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con el año 2025, cuando se registraron 42,928 retornos y deportaciones, con un promedio diario de 118 personas. La mayoría de estos hondureños, un 91%, son deportados desde Estados Unidos, seguidos por un 8% proveniente de México y un porcentaje menor de Guatemala.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha expresado su profunda preocupación por esta tendencia y ha instado al gobierno hondureño a implementar políticas públicas efectivas que faciliten la reintegración de los migrantes retornados a la sociedad. La organización ha señalado que la situación de vulnerabilidad que enfrentan estos ciudadanos requiere una atención integral y no solo medidas temporales.
El desglose de los retornos en el primer trimestre del año revela que 8,094 son hombres, 962 mujeres, 846 niños y 169 niñas. Estas cifras subrayan la necesidad de abordar las necesidades específicas de cada grupo, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores y la atención a la salud mental de aquellos que han experimentado traumas durante su viaje y estancia en el extranjero.
El Conadeh ha propuesto que el 10% de las nuevas contrataciones de la Unidad de Movilidad y Asistencia al Migrante (Umaps) sean destinadas a migrantes retornados, como una forma de brindarles oportunidades de empleo y contribuir a su proceso de reintegración. Sin embargo, la organización enfatiza que esta medida debe ser parte de una estrategia más amplia que incluya acceso a bonos de apoyo, vivienda digna, educación y servicios de salud.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, ha advertido que los programas de apoyo existentes, como el Hermano Vuelve a Casa , han sido insuficientes y han dejado fuera a muchos migrantes que necesitan ayuda. Reyes criticó la falta de flexibilidad en los criterios de elegibilidad para el bono alimenticio, señalando que muchos retornados que llegaron en vuelos comerciales no pudieron acceder a este beneficio debido a la falta de documentación migratoria.
Es inaceptable que se excluya a personas en situación de vulnerabilidad por cuestiones burocráticas , afirmó Reyes. El Estado tiene la obligación de brindar apoyo a todos los ciudadanos que regresan al país, independientemente de cómo hayan llegado .
La coordinadora del Conadeh también destacó la importancia de brindar atención en salud mental a los migrantes retornados, muchos de los cuales han sufrido traumas debido a la separación familiar, la violencia y las condiciones inhumanas en los centros de detención. Estos personas llegan al país sumergidos en una gran vulnerabilidad, con sus sueños rotos y sus vidas destrozadas , explicó Reyes. Necesitan apoyo psicológico para superar sus experiencias y reconstruir sus vidas .
El programa Hermano, Hermana Vuelve a Casa , implementado por la administración anterior, ha sido ampliamente criticado por su falta de efectividad y la gestión opaca de los fondos. A pesar de una inversión de 100 millones de lempiras, el programa no logró beneficiar a todos los migrantes retornados y ha sido calificado como un fracaso por líderes comunitarios y los propios migrantes. El programa llegará a su fin el próximo mes de abril.
La situación de los migrantes hondureños que regresan al país es particularmente preocupante debido a la falta de oportunidades económicas y la persistencia de la violencia y la inseguridad. Muchos de ellos regresan sin dinero, sin pertenencias y sin perspectivas de futuro, lo que los convierte en presa fácil de la delincuencia y la explotación.
El Conadeh ha reiterado su llamado a las autoridades hondureñas para que prioricen la implementación de políticas públicas integrales que aborden las causas fundamentales de la migración y brinden apoyo efectivo a los migrantes retornados. La organización ha propuesto la creación de un fondo de reintegración que financie proyectos de desarrollo económico y social en las comunidades de origen de los migrantes, así como la implementación de programas de capacitación laboral y emprendimiento.
Además, el Conadeh ha instado al gobierno a fortalecer la cooperación con los países de destino para garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes hondureños y prevenir la trata de personas y otras formas de explotación. La organización ha advertido que la falta de acción por parte del gobierno podría agravar la crisis migratoria y generar un mayor número de personas desplazadas y vulnerables.
La creciente ola de deportaciones y retornos a Honduras plantea un desafío significativo para el país, que ya enfrenta una serie de problemas económicos y sociales. La falta de políticas públicas efectivas y la gestión ineficiente de los recursos podrían agravar la situación y generar un círculo vicioso de migración y pobreza. Es fundamental que el gobierno hondureño tome medidas urgentes para abordar esta crisis y garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
