Un reportaje de Cuarto Poder reveló un extenso historial judicial y político que pesa sobre Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú, a menos de dos semanas de las elecciones generales del 12 de abril. El candidato acumula ocho denuncias ante la Fiscalía por delitos que incluyen peculado, falsa declaración en proceso administrativo y falsedad ideológica, información que no figura en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Las denuncias más documentadas se remontan a sus 17 meses como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. El informe periodístico evidenció facturas que demuestran el uso de fondos de caja chica de su despacho para gastos de alimentación en reuniones de trabajo, con consumos en pollerías y cevicherías que en algunos casos superaron los 400 soles, cargados al presupuesto del Estado.
Además, la Fiscalía investiga a dos trabajadores de su gestión por presuntos recortes de sueldos a colaboradores del ministerio. La denuncia sostiene que se descontaba al menos el 10% de las remuneraciones a cambio de la renovación de los contratos laborales.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también fue señalado por la incorporación de militantes de Juntos por el Perú a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un mecanismo que no requiere concurso público ni el cumplimiento de requisitos específicos. Los sueldos de estos allegados alcanzaban hasta los 15,000 soles mensuales, según las denuncias recogidas en el reportaje.
Otra línea de investigación fiscal se centra en el manejo de los fondos de Juntos por el Perú durante las elecciones regionales y municipales del 2018. Se denuncia que los militantes que deseaban postular estaban obligados a realizar un pago, pero ese dinero, en lugar de ingresar a las cuentas del partido, habría sido depositado en una cuenta personal del hermano de Sánchez.
El exmilitante Leandro Serna declaró que los montos recaudados nunca fueron rendidos de manera transparente ante la organización. El reportaje estima que lo recaudado a nivel nacional superó el millón de soles.
Yehude Simon, fundador de Juntos por el Perú, acusó directamente a Sánchez de apoderarse del partido y alertó sobre prácticas poco éticas dentro de la organización política. Se apoderó del partido. Las cuentas nunca transparentó, se apropió del dinero porque nosotros entregamos el dinero a nivel nacional, todos los candidatos hicieron llegar a esa cuenta y si no, no podían participar en el proceso , afirmó Simon. Describió a Sánchez como un tipo muy peligroso para la política, un tipo muy peligroso para la izquierda, un tipo recontra peligroso para el Perú y un tipo que carece de moral y ética .
Una denuncia por administración fraudulenta fue archivada sin que se realizara una pericia contable. A esta se suma una acusación por una presunta acta falsa que habría sido utilizada para que Sánchez fuera reconocido ante el JNE como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
En el Congreso, la actividad legislativa de Sánchez ha sido objeto de cuestionamientos. Un informe de El Comercio, publicado días antes del reportaje, señala que más de una decena de sus iniciativas legislativas favorecen actividades mineras al margen de la ley. Entre ellas, destaca un proyecto que solicitaba una nueva prórroga del REINFO y el reingreso de 50,000 mineros ilegales al padrón de formalización.
Otro proyecto de su autoría, bajo el marco de minería con prácticas ancestrales, exime a los llamados microproductores mineros ancestrales de presentar permisos para el uso de explosivos y de instrumentos de gestión ambiental para la adquisición y transporte de insumos químicos.
La congresista Diana Gonzáles, de Avanza País y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, describió la forma en que Sánchez ejerce influencia sobre esa comisión sin ocupar formalmente su presidencia. Yo considero que Roberto Sánchez es el presidente en la sombra de la Comisión de Energía y Minas , advirtió. Gonzáles detalló que, bajo la última presidencia de Cutipa y Juntos por el Perú, la comisión se limita a dictaminar los proyectos de Sánchez y recibir sus órdenes, tanto en las iniciativas como en las sesiones, incluso en el cambio de sesiones extraordinarias. Roberto Sánchez manda un oficio y se cambia automáticamente la agenda de la comisión , sostuvo.
El peso de este historial judicial y político surge en un momento electoral inesperado para Sánchez. Según la última encuesta de Ipsos Perú, realizada el 21 y 22 de marzo, el candidato de Juntos por el Perú alcanzó el 5% de intención de voto a nivel nacional, empatando en el tercer lugar con otros tres candidatos. Sin embargo, este crecimiento se sustenta principalmente fuera de Lima, donde llega al 11% en el Perú rural y supera en ese segmento a candidatos mejor posicionados a nivel nacional, según el Instituto de Estudios Peruanos.
Las denuncias por peculado, fraude y falsedad ideológica, junto con las acusaciones por sus vínculos con la minería ilegal y su alianza con Antauro Humala, ensombrecen la candidatura de Sánchez a menos de dos semanas de las elecciones generales del 12 de abril. La revelación de este historial plantea interrogantes sobre la transparencia y la idoneidad del candidato para ocupar la presidencia del Perú.
