En San José, Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó ayer la responsabilidad del Estado argentino en la muerte de Marcela Iglesias, una niña de seis años fallecida en 1996 al ser aplastada por una escultura precaria instalada ilegalmente en un espacio público de Buenos Aires. Tras casi tres décadas de búsqueda de justicia, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo, padres de Marcela, vieron cómo el tribunal internacional confirmaba las fallas en la investigación y la impunidad que prevaleció en el caso.
El testimonio de Eduardo Iglesias ante la Corte fue particularmente conmovedor, describiendo el impacto devastador de la pérdida de su hija y la frustración ante la falta de respuestas y condenas. Relató cómo la causa se estancó durante años, con múltiples apelaciones y recusaciones que diluyeron la posibilidad de un juicio justo. La jueza Susana Nocetti de Angeleri fue señalada por prolongar innecesariamente los tiempos, permitiendo la prescripción del delito.
La Corte determinó que Argentina violó su obligación de regular, supervisar y fiscalizar la instalación de la escultura, así como su deber de investigar y sancionar a los responsables. La sentencia exige al Estado argentino un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, disculpas oficiales y la creación de un espacio memorial en honor a Marcela.
Nora Ribaudo detalló la cadena de responsabilidades, señalando a la galerista Diana González de Lowenstein, al escultor Danilo Danzinger y a funcionarios municipales por su negligencia. A pesar de las evidencias, la justicia argentina no logró avanzar en el caso, dejando a la familia Iglesias en una situación de dolor y desesperanza.
La condena de la Corte Interamericana representa un hito en la lucha contra la impunidad en Argentina y un precedente importante para casos similares en la región. Aunque la sentencia no devuelve a Marcela, ofrece a sus padres un cierre y la esperanza de que su tragedia sirva para prevenir futuros incidentes. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
