El nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda ha desatado una inmediata ofensiva política en la Comunidad Valenciana. Mientras el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ofrecía colaboración para un “entendimiento”, el PP valenciano, liderado por Pérez Llorca, respondía con una campaña de desprestigio en redes sociales, difundiendo información sobre una adjudicación de casi un millón de euros a un constructor investigado por presuntos vínculos con una trama de corrupción y prostitución relacionada con el PSOE.
La estrategia del PP, que combina el “guante de seda” de la oferta de diálogo con el “puño de hierro” de la acusación directa, pone de manifiesto la intensa confrontación política que se avecina. La empresa adjudicataria, Levantina (LIC), ha recibido contratos tanto durante el gobierno de Ximo Puig como en la actual etapa popular, incluyendo una reciente adjudicación de 40 millones de euros.
El PSOE, por su parte, ve en el nombramiento de España, un político cercano a Puig, una oportunidad para fortalecer su presencia en el gobierno central y revertir la situación en la Comunidad Valenciana de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. A España se suma la ministra de Ciencia, Diana Morant, y otros altos cargos de la administración central con raíces valencianas.
Sin embargo, España hereda desafíos importantes, como una propuesta de financiación autonómica que beneficia a la Comunidad Valenciana pero que no ha sido impulsada por su predecesora, María Jesús Montero. Pérez Llorca ha aprovechado la ocasión para reclamar al nuevo ministro una solución a la “discriminación” y la “infrafinanciación” que, según el gobierno valenciano, sufre la región, así como inversiones adicionales, especialmente en la provincia de Alicante. La tensión entre ambas partes se prevé alta en los próximos meses.
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