San Salvador – El régimen de excepción en El Salvador, impulsado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, cumple cuatro años este viernes en medio de un fuerte respaldo popular por la reducción de homicidios y graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y muertes en las cárceles. La medida, aprobada el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), fue una respuesta a un fin de semana con más de 80 homicidios. Investigaciones del medio local El Faro señalan que esta escalada de violencia fue consecuencia de la ruptura de un pacto previo entre el gobierno de Bukele y las pandillas.
El gobierno de Bukele asegura que el régimen de excepción ha permitido desmantelar las maras, liberar territorios de su control y reducir drásticamente los homicidios, situando a El Salvador, que durante años fue considerado uno de los países más violentos del mundo, en una nueva realidad de seguridad. Sin embargo, es importante señalar que el país ya venía experimentando una disminución sostenida de los asesinatos desde 2016, antes de la implementación de esta medida.
A pesar del apoyo popular, que ronda el 85%, la implementación del régimen de excepción ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Ingrid Escobar, abogada de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció este viernes que durante estos cuatro años se han registrado “una gran cantidad de violaciones a derechos humanos”. La SJH ha documentado la muerte de al menos 504 personas detenidas en diferentes cárceles del país entre abril de 2022 y marzo de 2024.
Las organizaciones humanitarias han contabilizado al menos 6.889 denuncias de violaciones de derechos humanos, siendo la detención arbitraria el principal motivo, presente en el 98% de los casos. El 75% de estos atropellos, según las denuncias, han sido cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil.
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, expresó su frustración ante la falta de respuesta de las autoridades. “Cumplimos cuatro años luchando para que se haga justicia y se liberen a los inocentes y no vemos ninguna respuesta, y lo que vemos del Gobierno es un silencio total, ataques y un régimen que elimina derechos humanos y garantías fundamentales”, declaró a EFE.
El Congreso salvadoreño aprobó el jueves la prórroga número 49 del régimen de excepción, argumentando “la aún existencia de grupos terroristas” que, de no ser erradicados por completo, podrían revertir los logros alcanzados en materia de seguridad. Juristas internacionales han advertido que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Desde su implementación, el régimen de excepción ha resultado en la detención de más de 91.650 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con estas organizaciones criminales. La medida ha permitido al gobierno de Bukele consolidar su popularidad y obtener la reelección, a pesar de la prohibición constitucional que impedía la reelección inmediata.
La controversia en torno al régimen de excepción radica en el equilibrio entre la necesidad de combatir la criminalidad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta eficaz para garantizar la seguridad, las organizaciones de derechos humanos denuncian que ha generado un clima de impunidad y ha permitido la comisión de graves abusos contra la población.
La situación en El Salvador plantea un debate crucial sobre los límites del poder estatal en la lucha contra el crimen organizado y la importancia de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, incluso en contextos de alta criminalidad. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación en el país y exige una investigación independiente de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El futuro del régimen de excepción en El Salvador es incierto. A pesar del fuerte apoyo popular, las denuncias de abusos y la creciente preocupación de la comunidad internacional podrían presionar al gobierno a reconsiderar la medida o a implementar mecanismos más efectivos para garantizar el respeto a los derechos humanos. La búsqueda de un equilibrio entre la seguridad y la justicia sigue siendo un desafío fundamental para el país.
