El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, rechazó este jueves la petición de la defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de desestimar el caso por el bloqueo de fondos venezolanos para pagar sus abogados, a pesar de cuestionar la justificación del Departamento de Justicia. El depuesto mandatario y su esposa enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, posesión de armas y corrupción ante la justicia estadounidense.
Maduro y Flores comparecieron ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Hellerstein escuchó los argumentos de ambas partes. La defensa argumentó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) revocó una licencia concedida previamente para que el gobierno venezolano pagara los honorarios de sus abogados, impidiendo así su derecho a una defensa adecuada, tal como lo estipula la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El juez Hellerstein, visiblemente afectado por la tos y con la voz quebrada, se mostró escéptico ante la postura del Departamento de Justicia, señalando que Washington ha flexibilizado las sanciones impuestas a Venezuela desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero. El acusado está aquí; Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, declaró el magistrado, quien fue designado por el presidente Bill Clinton.
Durante la audiencia, Maduro entró a la sala con una sonrisa y saludó a su equipo legal, intercambiando miradas con su esposa. Sin embargo, se le notó nervioso, con movimientos visibles sobre la mesa, a diferencia de Flores, que permaneció más quieta. Ambos utilizaron cascos para escuchar la traducción simultánea. Maduro, visiblemente más delgado y serio que en su primera comparecencia en enero, parecía estar bajo una fuerte presión.
La solicitud de desestimación del caso se basa en el argumento de que el bloqueo de los fondos venezolanos viola el derecho de Maduro y Flores a contar con un abogado de su elección. Sus defensores sostienen que, dado que no tienen los recursos económicos para pagar a sus abogados, se les asignarán defensores de oficio, lo que constituiría una vulneración de sus derechos procesales.
La Fiscalía, por su parte, argumenta que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, por lo que ni él ni Flores deberían esperar que el gobierno estadounidense permita a su país sufragar sus honorarios legales. Además, sostienen que la interpretación de la Sexta Enmienda debe ser flexible y que el rechazo a desbloquear los fondos no viola ningún derecho procesal.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, quien también representó a Julian Assange, ha manifestado su intención de retirarse del caso si el juez no desestima los cargos y si el gobierno venezolano no puede cubrir sus honorarios. Se desconoce el monto exacto de los honorarios de Pollack, pero se estima que son elevados debido a su experiencia en casos de alto perfil.
La audiencia se prolongó durante casi una hora, un tiempo inusualmente largo para este tipo de procedimientos. Gran parte de la discusión se centró en la justificación de las sanciones impuestas a Venezuela y su impacto en la capacidad de Maduro y Flores para pagar su defensa. El fiscal Kyle Wirshba defendió que las sanciones se basan en intereses de seguridad nacional y política exterior, mientras que el juez Hellerstein cuestionó si esa justificación sigue siendo válida ahora que Maduro ya no está en el poder.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció a periodistas que se presentarán cargos adicionales contra Maduro, aunque no ofreció detalles al respecto.
Fuera del tribunal, un fuerte despliegue policial separó a opositores venezolanos, algunos portando una efigie de Maduro vestido con un uniforme de prisión, de partidarios del depuesto mandatario que coreaban consignas a favor de su liberación.
La petición del fiscal Jay Clayton de prohibir a Maduro y Flores compartir material probatorio con sus cuatro coacusados prófugos su hijo Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Rusthenford Guerrero Flores también fue un punto de tensión. El Departamento de Justicia argumenta que existe un riesgo real de violencia y que la información podría ser utilizada para tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela.
El estado de salud de Cilia Flores también generó preocupación, ya que su abogado solicitó al juez que se le realice un electrocardiograma lo antes posible debido a problemas de salud no especificados.
El proceso judicial contra Maduro y Flores se prevé largo y complejo, y se estima que el juicio podría celebrarse en uno o dos años. En ese momento, el juez Hellerstein podría tener 94 años, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para presidir un caso de tal magnitud. La decisión final del juez sobre la desestimación del caso y la financiación de la defensa de Maduro y Flores será crucial para determinar el futuro del proceso. La incertidumbre persiste, y el mundo observa atentamente el desarrollo de este caso que podría tener importantes implicaciones para la política venezolana y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
