Un jurado en Los Ángeles dictaminó este miércoles que Meta y YouTube sabían de los riesgos que sus plataformas representaban para los jóvenes y son responsables de los problemas de salud mental de una adolescente. La decisión, aunque con una indemnización de US$ 6 millones que algunos consideran modesta, marca un punto de inflexión en la creciente batalla legal contra las grandes tecnológicas y podría desencadenar cambios significativos en la forma en que estas empresas operan y diseñan sus productos. TikTok y Snap llegaron a acuerdos extrajudiciales en el mismo caso antes de llegar a juicio.
La sentencia se produce en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, impulsada por testimonios de padres, denunciantes y estudios que sugieren una correlación entre el uso intensivo de estas plataformas y el aumento de la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Durante años, las empresas tecnológicas han gozado de una protección considerable gracias al artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que las exime de responsabilidad por el contenido publicado por terceros en sus plataformas.
Sin embargo, el caso de Los Ángeles, presentado por una joven llamada Kaley, ha abierto una nueva vía legal al responsabilizar a las empresas de redes sociales no por el contenido en sí, sino por las decisiones de diseño de sus plataformas que, según la demanda, contribuyen a la adicción y al daño psicológico. Los abogados de Kaley señalaron características como los feeds con desplazamiento infinito, los vídeos de reproducción automática y los filtros de belleza como elementos que fomentan el uso compulsivo y la comparación social, exacerbando los problemas de salud mental.
Diez de los doce miembros del jurado coincidieron en que Meta y YouTube diseñaron negligentemente sus plataformas, no advirtieron a los usuarios de los riesgos conocidos y desempeñaron un papel sustancial en la aparición de los problemas de salud mental de Kaley. Aunque la indemnización de US$ 6 millones (US$ 2 millones en daños compensatorios y US$ 4 millones en daños punitivos) puede parecer pequeña en comparación con los ingresos de estas gigantes tecnológicas, la importancia de la decisión radica en el precedente legal que establece.
“Buscábamos respuestas afirmativas y queríamos demostrar nuestra teoría”, declaró Jayne Conroy, socia de Simmons Hanly Conroy y miembro del equipo legal de Kaley, en una entrevista. La decisión proporciona a los equipos legales una base sólida para futuros litigios, permitiéndoles refinar sus estrategias y determinar qué pruebas tienen mayor impacto en los jurados. El próximo caso emblemático, presentado por otro adolescente, se llevará a juicio a finales de este año.
La decisión de Los Ángeles se suma a otra sentencia reciente en Nuevo México, donde un jurado ordenó a Meta pagar US$ 375 millones en concepto de daños y perjuicios por no haber prevenido la explotación sexual infantil en sus plataformas. Estas dos decisiones, tomadas en un lapso de tiempo tan corto, sugieren un cambio en la percepción pública y legal de la responsabilidad de las empresas de redes sociales.
“Si sumas todo, podría ascender a cientos de miles de millones de dólares”, declaró a CNN Jonathan Haidt, psicólogo social y autor de “The Anxious Generation”. “Creo que eso llamaría la atención de Meta y posiblemente les haría cambiar de comportamiento”.
Tanto Meta como Google han anunciado que planean apelar las decisiones. Un portavoz de Meta declaró que “la salud mental de los adolescentes es sumamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, mientras que un portavoz de Google argumentó que YouTube es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social.
Sin embargo, la presión legal y pública sobre las empresas de redes sociales está aumentando. Legisladores estadounidenses, que durante años han intentado aprobar una legislación más completa sobre seguridad en línea, están pidiendo a sus colegas que vean estas decisiones como un motivo para actuar. El senador Richard Blumenthal instó a cualquier miembro del Congreso que siga obedeciendo las órdenes de Mark Zuckerberg a que examine este veredicto y su conciencia, abogando por su proyecto de ley de seguridad infantil en línea.
Más allá de las implicaciones legales, estas decisiones podrían animar a las familias e incluso a los propios adolescentes a cambiar su forma de usar las redes sociales. Julianna Arnold, fundadora de la organización sin ánimo de lucro Parents RISE!, declaró tras el veredicto de Los Ángeles: “Esto confirma plenamente lo que llevamos años denunciando a cuatro vientos”. Arnold, quien perdió a su hija Coco a los 17 años, anunció que se dirigirán a Washington con las pruebas que tienen y este veredicto, exigiendo a los legisladores medidas de protección y legislación para garantizar la seguridad de los menores en internet.
Algunos expertos comparan la ola de presión legal con el momento que vivieron las grandes tabacaleras, cuando los litigios y la publicidad negativa llevaron a cambios drásticos en la industria. “Tengo edad suficiente para recordar cuando había secciones para fumadores en los aviones y ahora, debido a los litigios, cualquiera que compre un paquete de cigarrillos ve advertencias sobre el cáncer por todo el empaque”, dijo la exfiscal federal Neama Rahmani.
La decisión del miércoles podría ser el comienzo de un cambio drástico similar para las empresas de redes sociales, ya sea a través de los tribunales, el Congreso o la presión de los consumidores. La era de operar sin consecuencias, según Mark Lanier, fundador del bufete de abogados Lanier y abogado principal del demandante en el juicio, ha terminado. La industria de las redes sociales se enfrenta a un futuro incierto, donde la responsabilidad por el impacto de sus plataformas en la salud y el bienestar de sus usuarios ya no puede ser ignorada.
