La abogada penalista Lucrecia Landaverde ha expresado serias preocupaciones sobre la reciente reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en El Salvador, argumentando que esta medida simplemente formaliza una práctica punitiva que ya se estaba llevando a cabo a través de condenas acumulativas extremadamente largas. Además, Landaverde calificó de aberrantes las Audiencias Únicas Abiertas, juicios masivos implementados bajo el régimen de excepción.
Durante su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán , la jurista vinculó la aprobación acelerada de la cadena perpetua con los señalamientos internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del régimen de excepción. Según su análisis, la iniciativa no es una respuesta improvisada del gobierno de Nayib Bukele, sino un intento deliberado de legitimar prácticas judiciales que ya se estaban aplicando, consistentes en sentencias acumuladas de 200, 270 o incluso 300 años de prisión.
La cadena perpetua tiene una génesis. Ya se estaba aplicando antes , afirmó Landaverde, enfatizando que lo que faltaba era su formalización constitucional. En este sentido, interpretó la reforma como un mecanismo para justificar jurídicamente decisiones judiciales previas que, en su opinión, contradicen el espíritu original de la Constitución.
La abogada también relacionó esta reforma con el reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre El Salvador (GIEI/GIPES), el cual documenta presuntas violaciones graves a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Landaverde defendió la validez del informe, señalando que se basa en expedientes judiciales y documentación verificable, por lo que consideró arriesgado descalificarlo sin un análisis adecuado.
Si han tenido acceso a expedientes, independientemente de quién haya facilitado la información, esa documentación es verificable , expresó la penalista, subrayando la importancia de considerar la evidencia presentada por el GIEI/GIPES.
Uno de los puntos más críticos en la denuncia de Landaverde se centra en los procesos masivos derivados del régimen de excepción. La abogada señaló la existencia de expedientes con cientos, e incluso más de mil imputados, lo que dificulta enormemente la individualización de responsabilidades. Hay expedientes con más de mil acusados. ¿Cómo se individualiza la conducta de cada persona en esas condiciones? , cuestionó.
Explicó que estos procesos masivos se llevan a cabo en audiencias denominadas únicas abiertas , donde los imputados son agrupados en bloques para agilizar la emisión de resoluciones judiciales. Según su testimonio, en uno de estos procedimientos recientes, 66 personas fueron condenadas en una sola etapa procesal.
Landaverde también advirtió sobre la pérdida de peso de la prueba testimonial proveniente de testigos de descargo, como vecinos y familiares, frente a las declaraciones de testigos criteriados, quienes negocian beneficios penales a cambio de señalar a otros imputados. Basta con que un testigo criteriado señale a las personas para que eso se considere prueba suficiente , sostuvo.
Además, la abogada expresó preocupación por la reorganización de casos judiciales durante las audiencias, señalando que algunos expedientes han sido modificados en su estructura original para ajustar acusaciones según criterios territoriales o de pertenencia a supuestas estructuras criminales. Describió estas prácticas como aberrantes , dando como ejemplo un caso en el que los miembros de pandillas fueron inicialmente juzgados juntos, pero luego separados en bloques cuando se determinó que no podían ser acusados de haber cometido delitos en conjunto en el mismo territorio.
Landaverde también cuestionó la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado mensualmente por la Asamblea Legislativa. Argumentó que la Constitución establece límites temporales para la suspensión de garantías, por lo que la extensión prolongada del régimen responde a decisiones políticas más que a criterios estrictamente constitucionales.
Según la jurista, la narrativa oficial justifica la suspensión de derechos como necesaria para evitar el regreso de estructuras criminales a las calles, pero señaló que este argumento se ha utilizado repetidamente para justificar su prolongación. Cada 30 días se aprueba nuevamente porque la Constitución no permite que la suspensión sea permanente , indicó.
La penalista advirtió que las reformas penales y constitucionales podrían tener consecuencias profundas en sectores vulnerables de la población. Según afirmó, muchas de las personas procesadas no cuentan con antecedentes penales ni policiales, pero permanecen detenidas en procesos prolongados. Hay personas que no tienen antecedentes, ni tatuajes, ni vínculos comprobados, pero están siendo procesadas dentro de expedientes masivos , aseguró.
Finalmente, Landaverde consideró que el informe del grupo internacional de expertos representa un elemento relevante para visibilizar la situación judicial salvadoreña ante la comunidad internacional. A su juicio, este tipo de documentación podría contribuir a abrir espacios de revisión futura sobre decisiones adoptadas durante el régimen de excepción. Ese informe puntualiza aspectos importantes de lo que está ocurriendo dentro del sistema judicial , afirmó.
Las declaraciones de Lucrecia Landaverde se producen en un contexto de intenso debate nacional e internacional sobre el alcance de las reformas constitucionales en materia penal, la legalidad del régimen de excepción y su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos. La jurista insta a una revisión exhaustiva de las prácticas judiciales actuales y a una mayor transparencia en los procesos para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
