La Asamblea Legislativa de Costa Rica avanzó este lunes en la aprobación de una reforma al Código Penal que busca endurecer las condiciones para acceder al beneficio de casa por cárcel con brazalete electrónico. El expediente 25.158, impulsado por el diputado Fabricio Alvarado, fue aprobado en primer debate con el apoyo de 41 legisladores, estableciendo que las personas condenadas por delitos cometidos con el uso de armas –de fuego, blancas o contundentes– no podrán optar por este régimen de cumplimiento de pena.
La iniciativa, que ahora pasará a segundo debate el próximo 7 de abril, modifica el artículo 157 bis del Código Penal, añadiendo explícitamente las armas como una de las excepciones para la aplicación del brazalete electrónico. Actualmente, el artículo ya excluye a quienes hayan sido condenados por delincuencia organizada, delitos sexuales contra menores de edad y delitos relacionados con estupefacientes. La modificación propuesta amplía esta lista, buscando restringir aún más el acceso a este beneficio para aquellos que hayan utilizado la violencia en la comisión de sus delitos.
Durante el debate, se presentaron diversas mociones de reiteración, todas ellas rechazadas por la mayoría de los diputados. La oposición al proyecto se manifestó a través de los votos en contra de cinco legisladores: Alejandra Larios y Danny Vargas del Partido Liberación Nacional (PLN), Rocío Alfaro y Priscilla Vindas del Frente Amplio (FA), y Gloria Navas, diputada independiente.
El texto del proyecto argumenta que “restituir la incompatibilidad legal del brazalete electrónico en delitos cometidos con armas de fuego es un paso imprescindible en la construcción de una política penal efectiva, disuasoria, protectora y coherente con los intereses fundacionales de paz, confianza y desarrollo del país”. Esta declaración refleja la intención de los promotores de la reforma de enviar un mensaje claro de firmeza contra la criminalidad y de proteger a la sociedad de aquellos que han demostrado ser violentos.
La modificación específica al artículo 157 bis del Código Penal establece que el beneficio del brazalete electrónico no será aplicable a: “delitos que califiquen como delincuencia organizada, ni delitos sexuales contra personas menores de edad, ni en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego, armas contundentes o armas punzocortantes, ni en los delitos contemplados en los artículos 59 y 74 de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998”.
La aprobación en primer debate representa un avance significativo para la propuesta de Alvarado, quien ha sido un firme defensor de políticas de mano dura contra el crimen. El diputado ha argumentado en repetidas ocasiones que el uso del brazalete electrónico en casos de delitos con armas es un incentivo para la reincidencia y pone en riesgo la seguridad de la población.
El debate en la Asamblea Legislativa se desarrolló en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en el país. En los últimos meses, se han registrado un aumento en los casos de robos, asaltos y homicidios, lo que ha generado una demanda por parte de la sociedad de medidas más contundentes para combatir la delincuencia.
La iniciativa ha generado un debate polarizado entre quienes consideran que es necesaria una mayor restricción en el acceso a los beneficios penitenciarios y quienes argumentan que el brazalete electrónico es una herramienta útil para la reinserción social y la descongestión de las cárceles. Los opositores al proyecto han señalado que la medida podría contribuir a la sobrepoblación carcelaria y que no aborda las causas estructurales de la delincuencia.
El segundo debate, programado para el 7 de abril, será crucial para determinar el futuro de la reforma. Se espera que se presenten nuevas mociones y argumentos a favor y en contra del proyecto, y que la votación final sea ajustada. La decisión de la Asamblea Legislativa tendrá un impacto significativo en el sistema penal costarricense y en la forma en que se aborda la criminalidad en el país.
La composición actual de la Asamblea Legislativa, con el Partido Pueblo Soberano como la fuerza política mayoritaria con 31 diputados, Liberación Nacional con 17 y el Frente Amplio con 7, podría influir en el resultado de la votación final. La posición de los partidos minoritarios y de los diputados independientes también será determinante.
En otros temas legislativos, se informó que la diputada Laura Fernández recibió felicitaciones del diputado Juan Carlos Hidalgo por su victoria en las elecciones recientes. Además, el embajador de la India en Costa Rica destacó el interés de su país en establecer a Costa Rica como un centro regional para sus operaciones en América Latina.
