Ciudad del Este, Paraguay – Una ola de indignación recorre el país tras la detención de Reinaldo Dejesús Ramírez Alarcón, un arriero de 33 años acusado de pagar la escalofriante suma de 200 mil guaraníes por una joven mujer con capacidades diferentes, con el presunto objetivo de explotación sexual. El operativo, llevado a cabo por agentes de la Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo, específicamente el equipo Contra la Trata de Personas de la Oficina Regional de Alto Paraná, culminó este sábado en el barrio Jamaica de La Paloma, Canindeyú, alrededor de las 15:15 horas.
El comisario general Juan Alejandrino Pereira, a cargo de la investigación, detalló que la captura de Ramírez Alarcón fue posible gracias a un seguimiento minucioso que se inició tras la detención de Sara Pedrozo Barreto, de 34 años, prima de la víctima. Pedrozo Barreto es sindicada de haber recibido los 200 mil guaraníes para facilitar el encuentro entre el arriero y la joven vulnerable. Las autoridades investigan ahora si existen otros cómplices involucrados en esta red de presunta trata de personas.
La víctima, quien fue “liberada” por su captor tras la detención de Pedrozo Barreto, se encuentra bajo resguardo y recibiendo apoyo psicológico y médico. La expresión “hakúma la yvy” (pagar a la tierra), utilizada por las autoridades, alude a la práctica de utilizar a personas vulnerables como moneda de cambio o para saldar deudas, una práctica abominable que resurge con este caso.
El modus operandi, según las primeras investigaciones, involucró la promesa de una supuesta ayuda económica a la familia de la víctima, aprovechando su situación de vulnerabilidad y la discapacidad de la joven. La prima, Sara Pedrozo Barreto, habría actuado como intermediaria, convenciendo a la familia de que la entrega de la joven era la única solución a sus problemas económicos.
El caso ha generado una profunda conmoción en la comunidad de La Paloma y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las personas con discapacidad y las familias en situación de vulnerabilidad. Organizaciones de derechos humanos han exigido una investigación exhaustiva y el castigo ejemplar para todos los responsables.
Paralelamente, en Capiatá, agentes de Control de Automotores intentaron capturar a Augusto David Haseitel Almirón, señalado como el cerebro de una estafa masiva que habría afectado a más de 100 personas a través de la venta de vehículos robados. Durante el operativo, se logró detener a Enrique Emmanuel González Samaniego, quien presuntamente facilitó la fuga de Haseitel tras descenderlo cerca de un surtidor.
La investigación reveló que González Samaniego es la persona que vendió una camioneta a Juan Ramón Marín, una de las víctimas del esquema, haciéndose pasar por otra persona y utilizando un contrato privado de compraventa. Marín entregó su camioneta BMW y 170 millones de guaraníes en efectivo como parte del pago. Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de las estafas y la importancia de verificar la procedencia de los vehículos antes de realizar cualquier transacción.
En otro operativo, realizado en el barrio Boquerón de Ciudad del Este, agentes de Antinarcóticos detuvieron a Francisco Javier Paredes Lezcano, de 48 años, quien se encontraba en estado de rebeldía por una causa relacionada con la Ley 1881/2002. Durante el allanamiento, realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Bernardino Morales, se incautaron 111,9 gramos de presunta cocaína (equivalentes a unas 560 dosis), 433 gramos de hojas de coca, dos balanzas de precisión y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.
Paredes Lezcano también registra antecedentes por estafa en el año 2013, lo que sugiere un historial delictivo diverso. El fiscal Elvio Aguilera dispuso la detención del sospechoso y la remisión de las evidencias para los análisis correspondientes. Este operativo se enmarca dentro de un plan de acción contra el abuso de drogas que busca desmantelar las redes de narcotráfico en la zona fronteriza.
Tanto Reinaldo Dejesús Ramírez Alarcón como el celular incautado, se encuentran a disposición de la fiscala Vivian Coronel, de Ciudad del Este, quien liderará la investigación y presentará las acusaciones correspondientes. La fiscal Coronel ha manifestado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y de garantizar la protección de la víctima.
Estos tres casos, aunque distintos en su naturaleza, comparten un denominador común: la vulnerabilidad de las víctimas y la impunidad de los delincuentes. Las autoridades paraguayas se enfrentan al desafío de fortalecer los mecanismos de prevención y persecución del delito, así como de brindar apoyo y protección a las personas que han sido víctimas de la trata de personas, la estafa y el narcotráfico. La sociedad civil también tiene un papel fundamental que desempeñar en la denuncia de estos crímenes y en la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. La lucha contra estas lacras sociales requiere un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los sectores de la sociedad.
