San Cristóbal, 21 de marzo de 2026 – Durante la tarde del viernes, una ola de rumores y reportes ciudadanos inundó las redes sociales, señalando operativos policiales en agencias de rifas ubicadas en los municipios de Barrio Obrero y Capacho, estado Táchira. La presencia de vehículos pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la posterior movilización de grúas, cargando vehículos de diverso tipo, generaron incertidumbre y especulación sobre las razones detrás de estas acciones.
Aunque las autoridades competentes aún no han emitido un comunicado oficial detallando los motivos de los allanamientos, fuentes extraoficiales apuntan a una intensificación de los controles por parte de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot) para asegurar el cumplimiento de la normativa legal que rige a las empresas dedicadas a la actividad de las rifas. Esta presunción sugiere que los operativos podrían estar relacionados con la verificación de licencias, el control de la transparencia en los sorteos y la fiscalización de los fondos recaudados.
Los videos que circularon rápidamente en plataformas digitales mostraron escenas de agentes del Sebin ingresando a las sedes de las agencias de rifas, mientras que las grúas se encargaban de trasladar vehículos, incluyendo carros y motocicletas, presuntamente pertenecientes a los operadores de las rifas, conocidos popularmente como “riferos”. La magnitud del decomiso, evidenciada en las imágenes, alimentó la especulación sobre la posible implicación de las agencias en actividades ilícitas o el incumplimiento grave de las regulaciones establecidas.
La actividad de las rifas ha experimentado un auge significativo en los últimos años, convirtiéndose en una fuente de ingresos para muchos venezolanos, especialmente en un contexto de crisis económica y escasez de oportunidades laborales. Sin embargo, este crecimiento también ha estado acompañado de denuncias sobre la proliferación de rifas ilegales, la falta de transparencia en los sorteos y la evasión de impuestos.
La Conalot, como organismo encargado de regular y supervisar el sector, ha realizado esfuerzos intermitentes para controlar la actividad de las rifas, pero la complejidad del mercado y la falta de recursos han dificultado la aplicación efectiva de la normativa. Los recientes operativos podrían interpretarse como una señal de que el gobierno está decidido a tomar medidas más drásticas para regular el sector y combatir las prácticas irregulares.
La incertidumbre generada por los allanamientos ha provocado reacciones diversas entre los operadores de rifas y los usuarios. Algunos operadores expresaron su preocupación por la posibilidad de que los operativos afecten la viabilidad de sus negocios, mientras que otros reconocieron la necesidad de una mayor regulación para garantizar la transparencia y la confianza en el sector. Los usuarios, por su parte, manifestaron su inquietud por la seguridad de sus inversiones y la posibilidad de que las rifas en las que participan sean fraudulentas.
En paralelo a estos acontecimientos, otras noticias relevantes captaron la atención de la opinión pública tachirense. La Policía del estado Táchira (Politáchira) logró evitar que un hombre se lanzara por un puente en la localidad de Cordero, demostrando una vez más la labor de prevención y atención a la crisis emocional que realizan los cuerpos de seguridad. Asimismo, se reportó la captura de un individuo conocido como “Pastelito” en La Parada, acusado de intimidar a comerciantes con una granada, lo que evidencia la lucha contra la delincuencia en la zona fronteriza.
En el ámbito económico, la cotización del dólar en La Parada continuó siendo un tema de interés para los comerciantes y consumidores, mientras que el gobierno oficializó un nuevo aumento en el pasaje urbano, fijándolo en 100 bolívares, una medida que dejó insatisfechos a los transportistas, quienes exigían un ajuste mayor.
A nivel internacional, la polémica decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de arrebatarle el título de la Copa de África a Senegal generó indignación en el país africano, que anunció su intención de apelar ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
En el ámbito local, la Universidad Católica del Táchira (UCAT) rindió homenaje a la excelencia y trayectoria de su cuerpo docente, reconociendo su dedicación y compromiso con la formación de profesionales. Además, se informó sobre la continuación de los trabajos de construcción de pilotes y contrafuertes como parte de una nueva fase de la obra en El Mirador, un proyecto que busca mejorar la infraestructura vial de la ciudad.
Finalmente, un especialista atribuyó las fallas recurrentes en el sistema eléctrico a la gestión del sector, señalando la falta de inversión en mantenimiento y la obsolescencia de las infraestructuras como factores determinantes.
La situación de las rifas en el Táchira, sin embargo, sigue siendo el foco de atención, a la espera de un pronunciamiento oficial que aclare los motivos de los operativos y las consecuencias para el sector. La comunidad espera que las autoridades actúen con transparencia y firmeza para garantizar la legalidad y la protección de los derechos de los usuarios.
