El Gobierno de Ecuador implementó un estricto toque de queda nocturno en cuatro provincias –Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas– a partir del 15 de marzo de 2026, en un intento por sofocar la creciente ola de violencia vinculada al crimen organizado. La medida, formalizada a través del Decreto Ejecutivo 329, restringe la libertad de tránsito entre las 23:00 y las 05:00, y se ejecuta con la participación conjunta de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y, de manera inusual, fuerzas de seguridad de Estados Unidos. La decisión, aunque justificada por el Ejecutivo como una respuesta a informes de inteligencia que señalan un aumento de homicidios y ataques armados durante la noche, ha generado un intenso debate sobre su legalidad, transparencia y posibles implicaciones para los derechos civiles.
La implementación del toque de queda no ha estado exenta de controversia. Críticos señalan que el anuncio de la medida precedió a la publicación del decreto que la regula, creando un clima de incertidumbre institucional y cuestionando el debido proceso. El analista político Mauricio Alarcón advierte que anunciar acciones de fuerza sin una base legal clara socava la transparencia, la seguridad jurídica y la rendición de cuentas. Esta falta de claridad inicial generó especulación sobre el alcance real de las operaciones y la participación de fuerzas extranjeras, alimentando la desconfianza ciudadana.
Desde una perspectiva jurídica, el abogado penalista y constitucionalista Julio César Cueva considera que el Ejecutivo actuó dentro de sus competencias, dado el estado de excepción vigente en el país. Este contexto, según Cueva, permite la adopción de medidas extraordinarias en materia de seguridad, que posteriormente deben ser detalladas mediante decretos. Sin embargo, subraya la importancia de que el Gobierno explique posteriormente las operaciones realizadas y justifique la proporcionalidad de las restricciones frente a la amenaza invocada, especialmente si la medida es sometida a revisión por la Corte Constitucional.
La estrategia del Gobierno se centra en el Bloque de Seguridad, encargado de ejecutar los operativos. Sin embargo, el investigador del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), Renato Rivera, cuestiona la efectividad de depender excesivamente de medidas coercitivas y la militarización de la seguridad pública. Rivera argumenta que la reiteración de estados de excepción en América Latina refleja debilidades institucionales para abordar el crimen organizado de manera estructural, concentrando la respuesta del Estado en la fuerza en lugar de fortalecer las instituciones civiles encargadas de investigación y justicia. Además, advierte que las cifras de detenidos no son un indicador fiable de éxito, ya que pueden incluir a personas sin relación directa con los delitos investigados, generando desconfianza institucional y posibles liberaciones judiciales.
La previsibilidad de los anuncios también ha sido objeto de críticas. El exoficial de inteligencia Kléber Carrión señala que, en operaciones policiales o militares, el factor sorpresa es crucial para golpear eficazmente a las estructuras criminales. Por lo tanto, considera inusual que el Estado anuncie con tanta anticipación un toque de queda asociado a operativos de seguridad. Sin embargo, Carrión sugiere que estos anuncios podrían interpretarse como una forma de presión psicológica dirigida a las economías criminales, buscando alterar su comportamiento antes de una intervención. No obstante, advierte que esta estrategia conlleva riesgos, ya que la falta de resultados visibles podría generar un costo político para el Gobierno.
Una particularidad del decreto es la ausencia de salvoconductos generales, un mecanismo utilizado en toques de queda anteriores para autorizar la circulación de personas o sectores específicos. En esta ocasión, el Gobierno optó por un esquema más restrictivo, definiendo de forma cerrada qué actividades pueden movilizarse durante la restricción, limitando la circulación a sectores esenciales o directamente vinculados con la seguridad y la atención de emergencias. Esta medida excluye explícitamente a periodistas y equipos de medios de comunicación, lo que impide la cobertura directa de los operativos nocturnos, generando preocupaciones sobre la transparencia y el acceso a la información.
El temor a posibles abusos durante los operativos también ha resurgido a raíz del caso de los cuatro niños de Las Malvinas, un episodio trágico que sacudió a Ecuador en diciembre de 2024. Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron detenidos por militares en Guayaquil y posteriormente desaparecieron, siendo encontrados muertos en Taura, provincia del Guayas. La Corte Constitucional concluyó que hubo desaparición forzada y dispuso medidas de reparación, reconociendo la responsabilidad del Estado. Este antecedente ha generado cautela entre las fuerzas del orden, que ahora se enfrentan a un mayor escrutinio en términos de legalidad, necesidad y proporcionalidad en sus acciones.
El abogado Julio César Cueva considera que, después del caso Las Malvinas, cualquier operación bajo estado de excepción estará sujeta a un análisis mucho más riguroso. La ciudadanía, por su parte, permanece vigilante, esperando que las medidas implementadas por el Gobierno sean efectivas para combatir la criminalidad sin comprometer los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos. La efectividad del toque de queda y la transparencia en la ejecución de los operativos serán cruciales para determinar si esta estrategia representa un paso adelante en la lucha contra el crimen organizado o una represión encubierta que socava las instituciones democráticas y la confianza ciudadana. La participación de fuerzas estadounidenses en los operativos, aunque no detallada, añade una capa adicional de complejidad a la situación, generando interrogantes sobre la soberanía nacional y el alcance de la cooperación internacional en materia de seguridad.
