Guatemala se enfrenta a una realidad escalofriante: viviendas abandonadas convertidas en “casas del terror” por pandillas, utilizadas para cometer crímenes atroces y ocultar cadáveres. Una investigación exhaustiva revela un patrón macabro, especialmente vinculado a la pandilla del Barrio 18, donde el control territorial y la impunidad permiten la comisión de estos actos. Desde 2014, las autoridades han descubierto fosas clandestinas bajo pisos de cemento, en patios improvisados y detrás de paredes recién levantadas, desenterrando historias de desapariciones, asesinatos y torturas que estremecen a la nación.
El exfiscal de Femicidio y contra las Extorsiones, Édgar Gómez, relata el caso de diciembre de 2022 en la colonia Santa Faz, zona 18 capitalina, donde se localizaron los cuerpos de siete mujeres enterradas en una vivienda en construcción. “Al descubrir el primer cadáver nos percatamos de que debajo había otros; al remover la tierra y el concreto advertimos que había más. Esto no se había dado, pero cuando se está en territorio de la pandilla del Barrio 18 cualquier cosa atroz ocurre”, afirma Gómez, recordando el uso de un radar para confirmar la existencia de la fosa. Este caso, como muchos otros, revela un patrón alarmante: las víctimas son predominantemente mujeres, a menudo con vínculos con miembros de la pandilla, ya sea como parejas o por estar involucradas en actividades ilícitas como la extorsión.
La metodología de las pandillas es sistemática. Primero, se apoderan de viviendas abandonadas a través de amenazas y extorsiones a los propietarios, quienes, ante la imposibilidad de pagar o el temor por sus vidas, terminan abandonando sus propiedades. “Estas clicas empiezan a apoderarse de las colonias populares, cobrándoles incluso dinero a los propietarios de las casas. Muchos de ellos han abandonado las viviendas porque se les vuelve impagable o las amenazas son tales que terminan abandonándolas”, explica Gómez. Estas casas se convierten en refugios para pandilleros, bodegas clandestinas para armas y drogas, y, lo más horripilante, en lugares para cometer crímenes y ocultar cuerpos.
Casos como el de Karen Elizabeth Barrera Turcios, desaparecida en Villalobos 1 en 2020, ilustran la vulnerabilidad de los habitantes de estas zonas. Karen salió a comprar y nunca regresó, sumiéndose a una lista creciente de personas desaparecidas en sectores dominados por pandillas. La familia, desesperada, pegó fotografías y publicó mensajes en redes sociales, pero la incertidumbre persiste. La sospecha más dolorosa es que haya sido víctima de estos “casas del terror”.
La violencia no se limita a las víctimas externas a la pandilla. Gómez señala que algunas clicas, especialmente aquellas con el acrónimo de “gangster”, son particularmente sanguinarias y cometen asesinatos incluso contra sus propios miembros. “La mayoría de clicas que son más sanguinarias son las que llevan el acrónimo de gangster. Por ejemplo, los Crazy Gangsters”, revela. Estos crímenes internos suelen estar relacionados con castigos, disputas o sospechas de traición.
El caso de Shirly Cristina Martínez González, de 15 años, decapitada en una casa abandonada en la colonia El Limón, zona 18, en 2022, es un ejemplo brutal de la crueldad de estas pandillas. El crimen fue grabado por dos adolescentes y dirigido a un pandillero en prisión que estaba formando su propia organización criminal. El mensaje era claro: una advertencia para cualquier desafiante.
La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, en mayo de 2024, generó una ola de indignación en redes sociales. Su cadáver fue encontrado enterrado en el patio de una casa en la colonia El Limón, después de que los bomberos rompieran un piso de cemento. La autopsia reveló que murió por asfixia por estrangulamiento. Este caso, al igual que otros, demuestra que las pandillas cavan fosas con anticipación, preparándose para ocultar a sus víctimas de manera eficiente.
Las autoridades han identificado algunas viviendas como “casas clave” o “chanteguarios”, lugares donde se llevan a las víctimas capturadas en la vía pública. “Los agarraban en la calle, los subían a vehículos y los llevaban a casas clave”, explica Gómez. En estos lugares se cometen asesinatos, torturas o castigos internos. Las víctimas no son elegidas al azar; a menudo son mujeres con vínculos con la pandilla o personas acusadas de delitos como la extorsión.
La situación es alarmante y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y combatir la impunidad. Cada hallazgo de un cadáver enterrado en una casa abandonada abre una nueva herida y recuerda la necesidad de fortalecer las instituciones, mejorar la investigación criminal y abordar las causas profundas de la violencia. La pregunta que persiste es: ¿cuántas otras “casas del terror” se esconden en los barrios controlados por pandillas, esperando ser descubiertas y revelar sus horribles secretos? La lucha contra la criminalidad organizada y la protección de los derechos humanos son desafíos urgentes que Guatemala debe enfrentar para construir un futuro más seguro y justo para todos sus ciudadanos.
