El viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes Requeno, se encuentra en el centro de una creciente controversia tras revelarse que ejerció presión sobre la exdiputada y actual asesora legislativa, Marulin Azofeifa Trejos, para que retirara la denuncia que presentó contra el congresista Fabricio Alvarado Muñoz, de Nueva República, por presuntas agresiones sexuales. La información, proveniente del testimonio de Azofeifa ante la Fiscalía General el pasado 10 de marzo, ha desatado una ola de reacciones y ha puesto en tela de juicio la independencia de la administración gubernamental.
Según el testimonio de Azofeifa, Barrantes la contactó telefónicamente el 9 de febrero, apenas cinco días después de que ella presentara una denuncia formal ante la Asamblea Legislativa. La denuncia original detalla acusaciones de violencia política, acoso laboral, abuso de poder, acoso sexual y abuso sexual, incluyendo tocamientos inapropiados y besos no consentidos. La llamada del viceministro, según Azofeifa, tenía como objetivo explícito disuadirla de continuar con la denuncia.
Esta versión de los hechos coincide con un documento presentado por Carolina Hidalgo, abogada de Azofeifa, a la Asamblea Legislativa, donde se investiga disciplinariamente a Fabricio Alvarado. El expediente judicial, identificado con el número 26-000026-0033-PE, detalla que Barrantes le preguntó a Azofeifa si había considerado una “propuesta” hecha por el exlegislador y pastor evangélico, Harllan Hoepelman Páez.
En una declaración judicial que se extendió por ocho horas, Azofeifa afirmó que la llamada del viceministro no fue un incidente aislado, sino parte de una serie de gestiones destinadas a presionarla y desanimarla a seguir adelante con la denuncia. “Ante esa consulta, le reafirmé de manera clara mi decisión de continuar con el proceso. Siento que estas llamadas no han sido aisladas, ya que dadas las circunstancias y la secuencia de los hechos, considero que han sido gestiones orientadas a presionarme y a disuadirme para no avanzar”, declaró ante el Ministerio Público, en presencia de una fiscal especializada en género y una psicóloga de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos.
La exdiputada también relató un incidente previo, ocurrido el mismo día en que presentó la denuncia, cuando el pastor Hoepelman viajó a su residencia en La Rita, Pococí, con la intención de “ofrecerle” algo que “le iba a gustar mucho”, a cambio de retirar la denuncia. Hoepelman, según Azofeifa, le instó a hacerlo por el bienestar de la esposa y las hijas de Alvarado.
Azofeifa aportó capturas de pantalla de su teléfono que confirman las dos llamadas recibidas de Barrantes el 9 de febrero: una llamada perdida y una conversación posterior. En una entrevista con La Nación, la exdiputada reveló que tanto Hoepelman como otras dos personas, cuya identidad no reveló por motivos de la investigación, la contactaron para pedirle que retirara la denuncia. Sin embargo, también mencionó haber recibido “ofrecimientos de puestos de trabajo” como parte de los intentos de persuadirla.
El viceministro Barrantes, al ser contactado por La Nación, admitió haber llamado a Azofeifa, pero justificó su acción argumentando que lo hizo para evaluar la posibilidad de que la denuncia fuera retirada, con el fin de determinar si la fracción oficialista integraría una comisión investigadora y, de ser así, quién la integraría. Negó haber ofrecido a Azofeifa un puesto de trabajo y negó cualquier contacto con Harllan Hoepelman.
“Nunca he estado en posición de ofrecerle un puesto a nadie en ningún banco —no tengo la facultad para hacerlo— y tampoco lo he hecho. (...) Le informo que no tengo ni he tenido comunicación alguna con el señor Hoepelman, a quien conocí superficialmente cuando fue diputado hace unos años. Ni siquiera tengo el teléfono de ese señor, no me he comunicado con él y, por lo tanto, no puedo saber qué habló o le propuso el exdiputado a Marulin“, afirmó Barrantes en sus mensajes de WhatsApp.
La conexión entre Azofeifa y Barrantes se remonta a su tiempo en la Asamblea Legislativa, donde ella fue diputada (2018-2022) y él se desempeñaba como asesor del congresista Jonathan Prendas, también del PNR.
El relato de Azofeifa sobre el encuentro con Hoepelman en La Rita de Pococí es particularmente revelador. Ella se negó a recibirlo, pero él le preguntó directamente: “Mija, ¿por qué no quitás la denuncia?". Azofeifa respondió con firmeza que no lo haría, reafirmando su convicción y cuestionando por qué Hoepelman no consideraba el impacto de sus acciones en su propia familia.
Según Azofeifa, Hoepelman la llamó e incluso le envió mensajes de texto, insistiendo en reunirse con ella. En un mensaje, le escribió: “Estoy en su barrio”. Azofeifa, sorprendida, le respondió que no conocía la zona y le pidió que le enviara su ubicación, a lo que ella se negó. Hoepelman entonces le habría ofrecido algo que “le iba a gustar mucho”, en un intento desesperado por persuadirla.
Este caso ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y ha reavivado el debate sobre la violencia política y el acoso sexual en la política costarricense. La investigación en curso tanto en la Fiscalía General como en la Asamblea Legislativa promete arrojar más luz sobre los detalles de este escándalo y determinar las responsabilidades correspondientes. La presidenta electa, Laura Fernández, bajo cuyas órdenes directas se encuentra Barrantes, aún no ha emitido una declaración oficial sobre el tema, lo que ha aumentado la presión pública para que se tomen medidas inmediatas. La credibilidad de la administración entrante y la confianza en las instituciones democráticas están en juego.
