Costa Rica enfrenta una alarmante escalada en la violencia contra las mujeres, evidenciando una crisis persistente a pesar de los discursos anuales sobre igualdad y respeto. Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial revelan que, en los primeros meses de 2025, el país ya supera la treintena de femicidios registrados, superando las cifras de años anteriores. En 2024 se contabilizaron 40 femicidios, en 2023, 34, y en 2022, 26. Esta tendencia ascendente desmiente cualquier indicio de una disminución estructural sostenida, pintando un panorama sombrío para la seguridad de las mujeres costarricenses.
Cada uno de estos números representa una vida truncada, una familia destrozada y una herida imborrable en el tejido social. La violencia letal es solo la punta del iceberg, ya que miles de denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales se presentan cada año, y un número aún mayor permanece oculto, silenciado por el miedo, la impunidad y la desconfianza en el sistema judicial.
La diputada Monserrat Ruiz Guevara, en un análisis contundente, critica la falta de efectividad de las políticas públicas implementadas para abordar esta problemática. Señala que herramientas estratégicas como el Planovi (Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades) han perdido impulso político y claridad en su ejecución, convirtiéndose en meros documentos archivados en lugar de hojas de ruta activas y exigibles.
“Un plan nacional no puede convertirse en un documento archivado: debe ser una hoja de ruta activa, evaluada y exigible”, enfatiza Ruiz Guevara.
La legisladora también cuestiona la eficacia de iniciativas como los “Puntos Violeta”, presentados como respuestas inmediatas a la crisis. A pesar de la significativa inversión de recursos públicos, no se han demostrado resultados contundentes en la reducción de agresiones o en la prevención de femicidios. Ruiz Guevara denuncia que se han utilizado fondos públicos sin una evaluación rigurosa de su impacto, lo que plantea serias dudas sobre la responsabilidad en la gestión de los recursos.
“Se utilizaron recursos del bolsillo de las y los costarricenses para un programa cuya eficacia no ha sido demostrada con indicadores claros y públicos”, afirma la diputada.
La falta de respaldo y priorización a la ley de reparación integral para las familias de las víctimas de femicidio es otro punto crítico señalado por Ruiz Guevara. Esta ley, diseñada para brindar apoyo económico, psicológico y social a quienes quedan en absoluta vulnerabilidad tras un crimen de esta naturaleza, no ha contado con el apoyo decidido del Estado, prolongando el abandono y la desesperación de estas familias.
“Cuando una mujer es asesinada, no solo se apaga una vida. Quedan hijos huérfanos, madres devastadas, hogares desintegrados. La reparación no devuelve a la víctima, pero es una obligación mínima del Estado frente a un fracaso en la protección. No respaldarla con firmeza es prolongar el abandono”, argumenta la diputada.
Ruiz Guevara destaca que, a pesar de los avances legislativos, como las reformas que fortalecen la protección y reconocen formas de agresión previamente invisibilizadas, como la sumisión química, ninguna ley por sí sola puede resolver una crisis estructural sin una ejecución real, un presupuesto responsable y una voluntad política sostenida.
La diputada advierte que la violencia contra las mujeres no se combate debilitando instituciones, reduciendo presupuestos estratégicos, gastando millones sin evaluación de impacto o dejando solas a las familias que lo han perdido todo. En cambio, propone una planificación seria, coordinación interinstitucional, indicadores públicos, rendición de cuentas y coherencia como pilares fundamentales para una estrategia efectiva.
En el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Ruiz Guevara rechaza los discursos decorativos y exige políticas que protejan, reparación cuando la protección falla y resultados medibles. Subraya que la lucha contra la violencia hacia las mujeres no puede depender de la coyuntura política ni del cálculo electoral, sino que debe ser una obligación permanente del Estado.
“Cuando el Estado improvisa, el gasto no se traduce en resultados y la prevención se debilita; las mujeres pagan el precio. Y ese precio, demasiadas veces, es la vida”, advierte la diputada.
Finalmente, Ruiz Guevara enfatiza que el fracaso del Estado en proteger a las mujeres no es un fracaso a un sector específico, sino un fracaso a la democracia misma. La crisis actual exige una evaluación profunda del sistema, una revisión de las políticas implementadas y un compromiso firme con la protección de los derechos de las mujeres costarricenses. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son esenciales para construir una sociedad más justa y segura para todas y todos. La urgencia de la situación demanda acciones concretas y resultados tangibles, no promesas vacías ni discursos complacientes.
