La Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentra enfrascada en un debate de larga data sobre el régimen de pensiones de los expresidentes de la República, un tema que resurge periódicamente con propuestas de modificación o incluso eliminación. Tras casi cuatro décadas de equiparar estas pensiones a la remuneración de un diputado –actualmente cercana a los ¢4 millones–, la discusión se centra ahora en la necesidad de un escrutinio serio y desapasionado, no para despojar de dignidad a quienes ejercieron la más alta magistratura, sino para ajustar el sistema y dotarlo de reglas claras que disipen la percepción de privilegio.
La controversia no es nueva. Desde 1939, con la Ley 313, se buscó garantizar una pensión a los exgobernantes debido a las dificultades económicas que enfrentaron algunos de ellos al dejar el cargo. Inicialmente, la asignación era un monto fijo, pero en 1992, la Ley 7302 homologó esta pensión con los ingresos de un diputado, incluyendo las dietas por asistencia a sesiones y los gastos de representación.
El debate actual se centra en un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA), expediente 24.793, que propone limitar el acceso a estas pensiones. La propuesta establece que las pensiones ya otorgadas solo se mantendrían si el beneficiario demuestra que sus ingresos de otras fuentes son inferiores a tres salarios base y que no recibe una pensión contributiva de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Magisterio o el Poder Judicial. En caso contrario, el pago sería suspendido.
Esta no es la primera vez que se presenta una propuesta similar. En los últimos años, diputados de diferentes partidos políticos, incluyendo Acción Ciudadana (PAC) y Nueva República, han intentado modificar el régimen, argumentando que se trata de un “privilegio” injustificado, ya que se concede sin que los expresidentes hayan cotizado al sistema de pensiones. El presidente Rodrigo Chaves ha alimentado esta narrativa, calificando las pensiones como un “cáncer” y prometiendo suprimirlas, aunque hasta el momento no ha logrado concretar esta promesa, ni ha aclarado si renunciará a su propia pensión al dejar el cargo.
La vocera oficialista en el Congreso, Pilar Cisneros, ha expresado su acuerdo con el fondo del proyecto del FA, pero se ha mostrado reacia a aprobarlo en este momento, temiendo que se interprete como una “sacada de clavo” para beneficiar al presidente Chaves. Sin embargo, expertos señalan que el debate no debe estar condicionado por la coyuntura política o por el caso específico del presidente actual. Lo sensato, según analistas, es adoptar una decisión de fondo que establezca reglas claras para el futuro, sin pensar en casos concretos.
La Sala IV de la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en 2018, estableciendo que este beneficio no puede ser eliminado a quienes ya lo adquirieron y que no constituye un privilegio infundado, ya que su fundamento es reconocer una condición excepcional derivada de las funciones desempeñadas en la conducción del Estado. Esta postura se alinea con la experiencia comparada, como el caso de Estados Unidos, donde desde 1958 se asigna a los expresidentes una pensión anual equivalente al salario básico de un secretario de gabinete, originada en las dificultades económicas que enfrentó Harry Truman al dejar la Casa Blanca en 1953.
La discusión, por lo tanto, no debe centrarse en si debe existir una protección para quien ejerció la más alta magistratura, sino en cómo consensuar y modernizar el sistema con base en criterios de legalidad, racionalidad y sostenibilidad. Se plantea la necesidad de considerar diversos aspectos, como la vinculación del monto de la pensión con otro referente que no sea el ingreso de un diputado, la definición de qué ocurre en casos de duplicación con otras pensiones, la regulación de la renuncia al derecho y la posibilidad de que el monto de la pensión se done de forma irreversible al Estado.
Además, se sugiere evaluar, con datos actuariales, la sostenibilidad del régimen para el fisco y establecer reglas claras sobre cómo proceder en casos de renuncia al derecho. Cualquier decisión debe adoptarse sin prisas ni sesgos, mediante un debate que le otorgue legitimidad jurídica y respaldo social y político. Es fundamental tomar en cuenta el criterio de distintos sectores y el parecer de los expresidentes para determinar si la actual equiparación con el ingreso de un diputado es la fórmula más razonable o si debe modificarse.
El debate sobre las pensiones presidenciales es un reflejo de la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. La ciudadanía exige que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y equitativa, y que se eviten privilegios injustificados. La resolución de este debate no solo tendrá implicaciones económicas, sino también simbólicas, ya que contribuirá a fortalecer la confianza de la población en las instituciones y en la clase política. La modernización del régimen de pensiones de los expresidentes, con base en criterios de legalidad, racionalidad y sostenibilidad, es un paso importante para construir un país más justo y equitativo.
