Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de un adolescente vinculado directamente al secuestro de una mujer de 37 años y su hija de 17, un crimen que conmocionó a la comuna de Quilicura el pasado 7 de enero de 2025. El joven, cuya identidad se mantiene reservada debido a su minoría de edad, fue formalizado por los delitos de secuestro y sustracción de menores, quedando bajo la medida cautelar de internación provisoria.
La investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana, ha revelado detalles escalofriantes sobre la planificación y ejecución del plagio. Según el fiscal de Alta Complejidad Claudio Orellana, el secuestro fue perpetrado por un grupo de individuos, todos hombres, incluyendo tanto adultos como menores de edad. “Este grupo procedió a secuestrar a dos mujeres, madre e hija, y posteriormente a hacer cobro de un rescate por su liberación”, explicó el fiscal Orellana durante la audiencia de formalización.
Los hechos se desencadenaron cuando las víctimas se desplazaban en su vehículo por la intersección de las calles Balmaceda con Gabriela Mistral en Quilicura. En ese momento, fueron interceptadas por otro automóvil desde el cual descendieron varios sujetos, algunos de los cuales ya se encuentran detenidos. Estos individuos intimidaron a las mujeres, obligándolas a abandonar su vehículo y siendo trasladadas en contra de su voluntad a un lugar desconocido.
La rápida acción de la BIPE Antisecuestros Metropolitana permitió establecer una línea de investigación que apuntaba a una posible conexión entre el secuestro y las actividades ilícitas de un conocido narcotraficante que actualmente cumple condena en el penal de Colina. Fuentes policiales, que prefieren mantener el anonimato debido a la sensibilidad del caso, revelaron que las víctimas son familiares directas del recluso, lo que sugiere que el secuestro fue una represalia o un intento de presionar al narcotraficante.
Los secuestradores exigieron inicialmente el pago de mil millones de pesos ($1.000.000.000) para garantizar la liberación de la madre y la hija. Tras establecer contacto directo con el delincuente encarcelado, se habría pagado la suma de 500 millones de pesos ($500.000.000) como parte del rescate. La entrega del dinero se realizó bajo estrictas medidas de seguridad impuestas por los captores, quienes amenazaron con causar daño a las víctimas si las autoridades eran alertadas.
La detención del adolescente representa un avance significativo en la investigación, pero las autoridades advierten que aún quedan otros implicados por identificar y detener. La BIPE Antisecuestros Metropolitana continúa trabajando en el rastreo de los demás miembros de la banda criminal, analizando evidencias recolectadas en la escena del crimen y realizando entrevistas a testigos clave.
El fiscal Orellana destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la resolución de este tipo de casos. “La información proporcionada por la comunidad es fundamental para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó. Asimismo, hizo un llamado a las víctimas de extorsión y secuestro a denunciar los hechos ante las autoridades, asegurándoles que recibirán la protección y el apoyo necesarios.
El caso ha generado gran preocupación en la comunidad de Quilicura, donde los vecinos expresan su temor ante la creciente ola de delincuencia. Las autoridades locales han anunciado un reforzamiento de la seguridad en la comuna, con el aumento de patrullajes policiales y la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos.
La investigación continúa en curso, y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones. La Fiscalía Metropolitana Sur se ha comprometido a investigar a fondo todos los aspectos del caso, con el objetivo de desmantelar la banda criminal responsable del secuestro y llevar a los culpables ante la justicia. La internación provisoria del adolescente permitirá a los investigadores interrogarlo y obtener información valiosa que pueda conducir a la identificación de los demás implicados.
Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación por la participación de menores de edad en actividades delictivas, y la necesidad de implementar políticas públicas que prevengan la delincuencia juvenil y brinden oportunidades de rehabilitación a los jóvenes en riesgo. Las autoridades educativas y sociales deben trabajar en conjunto para abordar las causas subyacentes de la delincuencia juvenil, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exposición a entornos violentos.
La seguridad ciudadana sigue siendo un desafío prioritario para el gobierno, y se están destinando importantes recursos a fortalecer las instituciones encargadas de la prevención del delito y la persecución de los delincuentes. La colaboración entre la policía, la fiscalía y la comunidad es fundamental para construir una sociedad más segura y justa para todos.
