La Asamblea Nacional de Panamá se encuentra nuevamente en un punto muerto en su intento por citar a Luis Alberto Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), para que rinda cuentas sobre las recientes concesiones de los puertos de Cristóbal y Balboa. A pesar de la insistencia de la bancada de independientes, liderada por la diputada Yamireliz Chong, y la aprobación inicial de la citación, la falta de quórum ha frustrado la iniciativa por tercera ocasión consecutiva, sumiendo el proceso en una creciente controversia política.
La diputada Chong ha sido la principal impulsora de la citación, argumentando que es un tema de vital importancia para el país y que la Asamblea tiene la responsabilidad de ejercer su rol de control y supervisión. “Creo que este es un tema importante para el país en el que la Asamblea tiene un rol que jugar. La historia nos va a pedir cuentas de lo que no hacemos y hacemos”, declaró Chong, enfatizando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los activos estratégicos del país. La diputada insistió en que una citación no debe interpretarse como una acusación, sino como un acto democrático que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.
El objetivo principal de la citación, según Chong, es que Roquebert responda a un cuestionario detallado sobre los términos y condiciones de las nuevas concesiones portuarias. La bancada de independientes busca esclarecer las razones detrás de las decisiones tomadas por la AMP y evaluar si estas se ajustan a los intereses nacionales. La falta de información clara y transparente ha generado suspicacias y preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad panameña, quienes temen que las concesiones puedan afectar negativamente la competitividad del país y la generación de ingresos.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado resistencia por parte de otros grupos políticos, como la bancada Realizando Metas (RM), representada por el diputado Luis Eduardo Camacho. Camacho ha argumentado que el tema debe abordarse sin politiquería y que el Gobierno ya ha sido transparente al explicar las razones que motivaron las decisiones sobre los puertos. Según Camacho, las medidas adoptadas fueron necesarias para evitar una paralización de la actividad portuaria debido a una posible decisión desfavorable de la Corte Suprema de Justicia.
“Hay que dejar la politiquería y entender que este es un problema de país y dejar que las autoridades que tienen que estar concentradas con el mismo le den un final feliz”, planteó Camacho, instando a sus colegas diputados a confiar en la gestión del Gobierno y a evitar acciones que puedan obstaculizar la resolución del conflicto. Camacho considera que la citación de Roquebert podría distraer a las autoridades de su tarea principal, que es garantizar la continuidad de las operaciones portuarias y proteger los intereses del país.
La sesión plenaria en la que se intentó la citación se caracterizó por la baja asistencia de diputados. A medida que se acercaba el momento de la votación, varios legisladores optaron por retirarse del hemiciclo, lo que dificultó la consecución del quórum necesario para aprobar la moción. La diputada Chong, consciente de la situación, hizo un llamado a sus colegas para que regresaran a la sala y apoyaran su iniciativa, pero sus esfuerzos no fueron suficientes.
Finalmente, solo se registraron 24 votos a favor de la citación, mientras que un diputado votó en contra. Ante la falta de quórum, el presidente de la Asamblea declaró la votación como inexistente, dejando nuevamente sin efecto la citación de Roquebert. Este resultado ha generado frustración entre los diputados de la bancada de independientes, quienes acusan a otros grupos políticos de obstruir el proceso y de proteger los intereses de la AMP.
La situación ha desatado un debate sobre la efectividad de la Asamblea Nacional para ejercer su función de control y supervisión sobre el Poder Ejecutivo. Algunos analistas políticos consideran que la falta de quórum y la polarización política son obstáculos que impiden a la Asamblea cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Otros señalan que la resistencia a la citación de Roquebert es un reflejo de la influencia de intereses particulares en la toma de decisiones políticas.
El futuro de la citación de Roquebert es incierto. La bancada de independientes ha anunciado que continuará insistiendo en su solicitud y que buscará nuevas estrategias para lograr que el administrador de la AMP rinda cuentas ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, la falta de apoyo de otros grupos políticos y la persistente falta de quórum podrían dificultar la consecución de este objetivo.
La controversia en torno a las concesiones portuarias y la citación de Roquebert pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los activos estratégicos del país. La sociedad panameña exige a sus representantes políticos que actúen con responsabilidad y que defiendan los intereses nacionales por encima de cualquier consideración partidista o personal. El desenlace de esta saga política podría tener importantes implicaciones para el futuro del sector portuario panameño y para la confianza ciudadana en las instituciones del país. La Asamblea Nacional se enfrenta al reto de demostrar que es capaz de ejercer su función de control y supervisión de manera efectiva y transparente, garantizando así el buen manejo de los recursos públicos y la protección de los intereses nacionales.
