Santiago, Chile – La promesa de regularización para más de 180 mil inmigrantes que se empadronaron voluntariamente ante las autoridades chilenas pende de un hilo, generando una creciente preocupación entre la comunidad migrante, académicos y observadores del fenómeno migratorio. La académica de la Universidad del Alba, Guarequena Gutiérrez Silva, ha alzado la voz, denunciando lo que describe como una “opacidad administrativa” y una falta de respuesta del Estado que podría tener consecuencias graves para la soberanía nacional y la estabilidad social.
La controversia surge a raíz de la falta de avances concretos en el proceso de regularización tras el cierre del período de empadronamiento biométrico, iniciado con el objetivo de identificar y dar un estatus legal a los inmigrantes en situación irregular que demostraran arraigo laboral y familiar en Chile. Muchos de estos individuos, motivados por la confianza en las instituciones y la posibilidad de acceder a derechos básicos, se presentaron ante la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones, proporcionando información personal y comprometiéndose a cumplir con los requisitos legales.
Sin embargo, meses después, la situación de la mayoría de estos empadronados sigue siendo incierta. La falta de transparencia en el procesamiento de las solicitudes y la ausencia de plazos definidos han generado frustración y desconfianza, alimentando el temor a ser devueltos a sus países de origen, a pesar de haber contribuido activamente a la economía y la sociedad chilena.
Gutiérrez Silva, con más de siete años de experiencia en el estudio de la migración en Chile, advierte que esta situación no es simplemente una crítica a la gestión del gobierno actual, sino una interpelación al Estado chileno en su conjunto. “Esta no es solo una crítica a un gobierno saliente; es una interpelación al Estado de Chile”, afirma la académica en su carta abierta, publicada recientemente. “La regularización a personas con arraigo laboral y familiar es una demanda que debe asumirse con autonomía”.
La académica denuncia que la discusión sobre la migración ha sido secuestrada por agendas políticas y discursos xenófobos, especialmente en el contexto de las campañas electorales. “Es incomprensible que el crimen organizado trasnacional conlleve a las agendas de campañas electorales imponiendo una narrativa de expulsiones masivas que, en la práctica, son inviables”, señala Gutiérrez Silva. Argumenta que la solución no pasa por medidas punitivas y la criminalización de la migración, sino por políticas migratorias integradoras y realistas que reconozcan la contribución de los inmigrantes a la sociedad chilena.
De hecho, Gutiérrez Silva enfatiza que la mayoría de los inmigrantes empadronados trabajan, cotizan a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y contribuyen a la vitalidad demográfica de un país que enfrenta un rápido envejecimiento de su población. “La mejor forma de querer a Chile es preservando el gentilicio mediante el orden real y tangible, no el negacionismo”, afirma.
La académica cuestiona la lógica de haber realizado un costoso proceso de empadronamiento para luego desechar la información obtenida. “Dejar a miles de empadronados en un limbo, es dejar la soberanía a merced de los delincuentes”, advierte. “Después de haber llevado a cabo un proceso para que los extranjeros en situación irregular se presentaran ante la PDI y posteriormente ante el Servicio Nacional de Migraciones, es una falta a sí mismo, como Estado, desechar la información obtenida, ¿se justificó entonces el financiamiento de aquel proceso?”
La situación plantea serias interrogantes sobre la credibilidad del Estado chileno y su capacidad para cumplir con sus compromisos. La falta de una respuesta clara y oportuna podría tener consecuencias negativas a largo plazo, incluyendo el aumento de la migración irregular, la proliferación de redes de tráfico de personas y la erosión de la confianza en las instituciones.
Expertos en migración coinciden en que la regularización de los inmigrantes en situación irregular es una necesidad urgente para garantizar el orden y la seguridad en el país. Argumentan que la invisibilidad legal empuja a los inmigrantes a la marginalidad y los hace más vulnerables a la explotación y el abuso. Además, la regularización permitiría al Estado recaudar impuestos y formalizar el empleo, generando beneficios económicos para el país.
El llamado de Gutiérrez Silva es claro: el Estado chileno debe asumir su responsabilidad y dar una solución definitiva a la situación de los más de 180 mil inmigrantes que confiaron en la promesa de regularización. La académica insta a las autoridades a actuar con transparencia, eficiencia y respeto a los derechos humanos, reconociendo la contribución de los inmigrantes a la construcción de una sociedad más justa y próspera. El futuro de miles de personas y la credibilidad del Estado chileno están en juego. La inacción, advierte, podría ser interpretada como una traición a aquellos que confiaron en la institucionalidad del país.
