El Ministerio Público venezolano confirmó este martes la detención y posterior liberación, bajo régimen de presentación, de Evanan Romero, un consultor petrolero estadounidense-venezolano de 86 años. El arresto, ocurrido el 13 de febrero en el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo, estado Zulia, generó preocupación en círculos internacionales, especialmente en un contexto de crecientes presiones para reactivar la producción petrolera venezolana y atraer inversión extranjera tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Según la Fiscalía, Romero era buscado desde el 26 de mayo de 2025 por presuntos delitos de estafa y asociación. La audiencia de presentación se celebró este martes, y el Ministerio Público solicitó una medida cautelar sustitutiva de régimen de presentación, la cual fue aceptada por el tribunal competente. No obstante, la Fiscalía enfatizó que el caso “no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector”, desmintiendo así informaciones difundidas en diversos medios.
Sin embargo, el medio español ABC reveló detalles significativamente diferentes sobre el arresto y la situación de Romero. La publicación asegura que el experto fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo interno hacia Caracas para reunirse con representantes de empresas petroleras internacionales. Este hecho, según ABC, se produjo en un momento crucial de negociaciones y presiones internacionales para impulsar la industria petrolera venezolana.
Romero, una figura clave con décadas de experiencia en el sector y reconocido por su papel en la estabilización del petróleo venezolano, habría sido retenido sin que se le notificaran cargos formales ni se le ofreciera una explicación clara por parte de las autoridades. Esta falta de transparencia alimentó especulaciones sobre motivaciones políticas detrás de su arresto, especialmente considerando el delicado panorama político y económico del país.
De acuerdo con el relato de Romero a ABC, la orden de detención “apareció en la computadora” durante el proceso de verificación de su documentación para abordar el vuelo. Fue interceptado por funcionarios policiales y agentes de Interpol en el aeropuerto zuliano sin que se le presentaran cargos concretos. Pasó su primera noche en una oficina de Interpol, lo que sugiere una coordinación entre diferentes agencias de seguridad.
Debido a su avanzada edad y a problemas de salud preexistentes, las autoridades permitieron que Romero permaneciera bajo custodia en una clínica privada en Maracaibo, asumiendo él mismo los gastos de su estancia. Esta decisión, aunque aparentemente humanitaria, también generó interrogantes sobre las condiciones reales de su detención y el acceso a una defensa legal adecuada.
Durante su detención, las autoridades confiscaron sus dispositivos electrónicos, impidiéndole participar en las reuniones programadas con representantes de empresas internacionales. Estas reuniones eran cruciales para discutir proyectos de inversión y recuperación de la industria energética venezolana, un sector vital para la economía del país. La imposibilidad de llevar a cabo estas reuniones podría haber tenido un impacto negativo en los esfuerzos por atraer inversión extranjera y aumentar la producción de petróleo.
Romero había llegado a Venezuela pocos días antes desde Panamá, con una escala en Colombia. Utilizó su pasaporte estadounidense para ingresar al país, pero empleó su cédula venezolana para los vuelos internos, como exige la ley para aquellos que poseen la doble nacionalidad. Este detalle subraya la complejidad de su situación legal y la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su arresto.
La liberación de Romero bajo régimen de presentación implica que deberá comparecer ante las autoridades cuando sea requerido, pero no está sujeto a prisión preventiva. Sin embargo, el caso sigue generando interrogantes sobre el estado de derecho en Venezuela y la seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros.
El Ministerio Público insiste en que el caso es de carácter penal ordinario y no está relacionado con la industria petrolera. No obstante, la coincidencia temporal del arresto con los esfuerzos internacionales por reactivar la producción de petróleo y atraer inversión extranjera ha levantado sospechas sobre posibles motivaciones políticas.
La situación de Romero también pone de relieve la vulnerabilidad de los ciudadanos con doble nacionalidad en Venezuela, especialmente aquellos que tienen vínculos con el sector petrolero. La falta de transparencia en el proceso de detención y la ausencia de cargos formales claros han generado preocupación entre la comunidad internacional y han alimentado las críticas contra el gobierno venezolano.
El caso de Evanan Romero se suma a una serie de incidentes que han generado incertidumbre sobre el clima de inversión en Venezuela. La reactivación de la industria petrolera es fundamental para la recuperación económica del país, pero la falta de seguridad jurídica y la inestabilidad política podrían disuadir a los inversionistas extranjeros.
La Fiscalía venezolana ha prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del arresto y garantizar el debido proceso legal. Sin embargo, la comunidad internacional exige una mayor transparencia y una investigación independiente para asegurar que se respeten los derechos humanos y se proteja la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros. El futuro de la inversión petrolera en Venezuela podría depender en gran medida de la resolución de este caso y de la capacidad del gobierno venezolano para generar confianza entre los actores globales.
