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Bogotá, Colombia – Los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país, han retomado su curso tras una breve pero tensa suspensión, según informaron ambas partes este martes. La reanudación de las conversaciones se produce después de que el Clan del Golfo anunciara a principios de mes la interrupción provisional de los contactos, en respuesta a acusaciones de que el gobierno colombiano había compartido información sensible con Estados Unidos, poniendo en riesgo a sus líderes.
La reunión que selló la continuidad del proceso tuvo lugar en Bogotá el 9 de febrero, bajo la invitación del Grupo de Países Mediadores, compuesto por Catar, España, Noruega y Suiza. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal colombiana también acompañaron el encuentro. En un comunicado conjunto, las partes describieron la sesión como “constructiva”, reafirmando su compromiso con la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la construcción de paz en las regiones más afectadas por su presencia.
“El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos”, reza el comunicado. Las partes también indicaron que la reunión ha servido para “superar la situación de suspensión de la conversación” anunciada previamente por el Estado Mayor Conjunto del EGC.
La crisis se desató el 4 de febrero, cuando el Clan del Golfo anunció la suspensión de los diálogos, alegando que el gobierno colombiano había entregado a Estados Unidos los nombres de varios de sus líderes más buscados, incluyendo a Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, su máximo jefe. La organización criminal argumentó que esta acción, si se confirmaba, representaría una violación de la buena fe y los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo. La acusación se basó en información que sugería que la entrega de los nombres se habría producido durante la reunión entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
La Consejería Comisionada de Paz del Gobierno colombiano respondió rápidamente a la acusación, asegurando que la mesa de negociación con el Clan del Golfo se encontraba en una “etapa avanzada”, a pesar del contratiempo. El comunicado emitido este martes refuerza esa afirmación, destacando que en la sesión del 9 de febrero se acordaron compromisos que permitirán “avanzar decididamente en el proceso de paz en beneficio de las comunidades y del país”.
Las conversaciones entre el gobierno de Petro y el Clan del Golfo se iniciaron en septiembre pasado en Doha, Catar, con el apoyo y acompañamiento internacional del Grupo de Países Mediadores. Este proceso, sin embargo, difiere de los tradicionales procesos de paz en Colombia. No se trata de una negociación para un acuerdo de desarme y reintegración, sino de un diálogo sociojurídico orientado al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento de las economías ilegales que financian a la organización criminal. Este enfoque se enmarca dentro de la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Petro, que busca negociar con todos los grupos armados ilegales del país.
La política de “paz total” ha sido objeto de debate en Colombia, con críticos que cuestionan la legitimidad de negociar con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin embargo, el gobierno argumenta que es la única vía para lograr una paz duradera y abordar las causas estructurales de la violencia en el país.
El Clan del Golfo, heredero del grupo criminal de los hermanos Urrego, ha ganado poder en los últimos años tras la desmovilización de las FARC en 2016, llenando el vacío dejado por la guerrilla en muchas regiones del país. La organización se dedica al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial, y es responsable de numerosos actos de violencia contra la población civil y las fuerzas de seguridad.
La reanudación de los diálogos con el Clan del Golfo representa un paso importante en la implementación de la política de “paz total” del gobierno de Petro. Sin embargo, el camino hacia la desmovilización y el desmantelamiento de la organización criminal es largo y complejo, y estará lleno de desafíos. La confianza entre las partes, ya puesta a prueba, deberá ser fortalecida para garantizar el éxito del proceso. La comunidad internacional, a través de los países mediadores y la MAPP/OEA, jugará un papel crucial en el acompañamiento y la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos. El futuro de la paz en Colombia, en gran medida, depende de la capacidad de las partes para superar las diferencias y avanzar hacia una solución negociada que beneficie a todos los colombianos.
