Ocho exconscriptos, superando los 70 años, fueron condenados por la justicia de Temuco a penas de entre 5 y 7 años de presidio efectivo por el homicidio de José Gastón Buchhorsts Fernández, un joven de 18 años asesinado en 1973 mientras cumplía su servicio militar en el Regimiento Cazadores de Valdivia. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la sentencia dictada previamente por el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre, confirmando las condenas por homicidio calificado y coautoría en el crimen.
El caso, que ha permanecido en el limbo durante medio siglo, se reabrió gracias a las investigaciones realizadas en el marco de la Operación Silencio, que buscó esclarecer los crímenes cometidos por agentes del Estado y sus colaboradores durante la dictadura militar. La investigación reveló que Buchhorsts Fernández fue denunciado como desertor por sus compañeros, tras decidir no regresar a la unidad militar luego del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Tras ser buscado y encontrado en Villarrica, fue trasladado al Regimiento Cazadores en Valdivia y posteriormente llevado a los faldeos del volcán Villarrica bajo el pretexto de buscar armas que supuestamente había enterrado en la zona.
Una vez en el lugar, Buchhorsts fue obligado a cavar fosas, y luego fue ejecutado por sus propios compañeros, quienes lo sepultaron en una de las excavaciones. A pesar de las décadas transcurridas, el cuerpo de la víctima aún no ha sido encontrado, lo que ha generado una profunda angustia en su familia.
La Corte de Apelaciones de Temuco, en un fallo unánime, descartó cualquier infracción en la sentencia original, confirmando las condenas para Rigoberto Becerra Fica, Ernesto Flores Colimán, Waldo Eugenio Salinas Núñez y René Miguel Sáez Gómez, quienes fueron sentenciados a 7 años de presidio efectivo más accesorias legales por el delito de homicidio calificado.
Por su parte, H.W.C.R., Hernán Agustín Rodríguez Leyton, Víctor Hugo Hermosilla Reinoso y Luis Edmundo Riveros Soto fueron condenados a 5 años de reclusión, cumpliendo la pena bajo el régimen de libertad vigilada intensiva por el mismo período, también con accesorias legales, por su participación como coautores del crimen.
El tribunal de alzada también confirmó la condena al fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos por daño moral al hermano de la víctima, en reconocimiento al sufrimiento causado por la desaparición forzada y el homicidio de José Gastón Buchhorsts Fernández.
La investigación detalló que la decisión de ejecutar a Buchhorsts fue tomada por un grupo de conscriptos que lo consideraban una amenaza para la disciplina y la seguridad del regimiento. La denuncia de deserción fue utilizada como pretexto para llevarlo a un lugar aislado y ejecutarlo sin dejar rastro. Los acusados actuaron con premeditación y alevosía, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima y del contexto de represión imperante en el país.
El fallo judicial representa un hito en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. A pesar de la avanzada edad de los condenados, la sentencia envía un mensaje claro de que los responsables de violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes, independientemente del tiempo transcurrido.
La familia de José Gastón Buchhorsts Fernández ha expresado su satisfacción por la condena, aunque lamenta que el cuerpo de su hermano aún no haya sido encontrado. Esperan que esta sentencia contribuya a esclarecer la verdad sobre lo ocurrido y a reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por el crimen.
El caso Buchhorsts Fernández es uno de los muchos que han salido a la luz en los últimos años gracias a las investigaciones realizadas por la justicia y las organizaciones de derechos humanos. Estos casos revelan la magnitud de la represión ejercida durante la dictadura y la necesidad de seguir buscando la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
La Operación Silencio ha permitido avanzar en la investigación de numerosos casos de desaparición forzada y homicidio cometidos durante la dictadura, identificando a los responsables y llevándolos ante la justicia. Sin embargo, aún quedan muchos casos pendientes de investigación y esclarecimiento, lo que exige un mayor esfuerzo por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
La condena de los ocho exconscriptos es un paso importante en la construcción de una memoria histórica que permita evitar que se repitan los errores del pasado. Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura y que se comprometan a defender los derechos humanos y la democracia.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco también sienta un precedente importante para otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Demuestra que la justicia puede llegar a las víctimas y a sus familias, incluso después de décadas de impunidad.
La búsqueda del cuerpo de José Gastón Buchhorsts Fernández continúa, y se espera que las autoridades competentes realicen los esfuerzos necesarios para encontrarlo y darle una digna sepultura. La familia de la víctima merece conocer la verdad sobre lo ocurrido y tener un lugar donde puedan llorar a su hermano.
Este caso, como tantos otros, subraya la importancia de la memoria histórica y la necesidad de seguir trabajando por la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura. La sociedad chilena tiene la responsabilidad de recordar el pasado para construir un futuro más justo y democrático.
