El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial ha dictaminado un cambio significativo en la situación legal de Jaime Caballero, prominente dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Después de casi nueve meses de detención preventiva, Caballero fue liberado de prisión, aunque no completamente. La corte ordenó su reemplazo por la medida de retención domiciliaria, complementada con el uso obligatorio de un brazalete electrónico. Esta decisión, tomada durante una audiencia celebrada el viernes 13 de febrero, responde a la solicitud presentada por su abogado, Franklin Reyes, quien argumentó la prolongada espera para llevar a Caballero a juicio.
La imputación original contra Caballero, presentada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, se centra en presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales. La fiscalía alega que Caballero recibió numerosas transferencias desde cuentas del Suntracs en el Banco Nacional de Panamá, autorizadas por otros dirigentes sindicales. Estos fondos, según la acusación, fueron depositados en su cuenta personal en el Banco General y posteriormente fraccionados para ser entregados a terceros.
La investigación, respaldada por un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), señala a Saúl Méndez (actualmente prófugo de la justicia) y Abdiel Bethancourt como los responsables de autorizar dichas transferencias. La fiscalía sostiene que estas transacciones forman parte de un esquema de blanqueo de capitales orquestado por los líderes del Suntracs.
Además de las transferencias sospechosas, la fiscalía ha puesto bajo escrutinio las declaraciones de renta presentadas por Caballero en 2023 y 2024, que ascienden a 244,810 y 189,206 dólares, respectivamente. La fiscalía argumenta que estos montos son incompatibles con sus ingresos reales, estimados en alrededor de 60,000 dólares. Se alega que la información proporcionada a la Dirección General de Ingresos (DGI) es falsa, y que fue elaborada por María Esther Aizpurúa, una contadora pública cuya licencia corresponde a una persona fallecida.
La investigación ha revelado un patrón de depósitos en la cuenta personal de Caballero. Entre diciembre de 2023 y enero de 2025, recibió 27 depósitos por un total de 57,093.36 dólares, provenientes de una persona identificada únicamente como “Luis V.”. Estos fondos, según la fiscalía, son parte integral del esquema de blanqueo de capitales que se le imputa a Caballero. En total, la fiscalía rastrea movimientos financieros por aproximadamente 166,000 dólares en las cuentas de Caballero desde el año 2020.
La acusación detalla que parte de estos fondos se utilizaron para cubrir deudas personales, incluyendo el pago de letras de autos, servicios públicos y un préstamo de 39,252 dólares con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). En otras ocasiones, los fondos fueron entregados directamente a sus hijos.
Este no es el único proceso penal que enfrenta Caballero. También está siendo procesado en la provincia de Chiriquí por presuntamente atentar contra la personalidad interna del Estado. Este caso está relacionado con su participación, junto con otros miembros del Suntracs, en jornadas de protesta contra la Ley 462, que introdujo reformas al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Las protestas, a menudo violentas, generaron controversia y críticas por parte del gobierno y otros sectores de la sociedad.
La situación legal de otros dirigentes del Suntracs también está en constante evolución. Recientemente, el 6 de febrero, Génaro López, otro líder sindical, fue beneficiado con una medida cautelar de reporte periódico los viernes de cada semana. López es investigado, junto con Saúl Méndez (quien ha solicitado asilo en Bolivia), por presuntos delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos.
La investigación contra López y Méndez se centra en un presunto desfalco en perjuicio de un grupo de trabajadores afiliados que laboraban en el proyecto Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro. Según la fiscalía, López y Méndez habrían arrebatado 14 fincas que fueron entregadas por la empresa Pillar Construction S.A. como compensación a los trabajadores después de perder un litigio laboral en 2011. El litigio involucraba un monto de 7 millones de dólares en prestaciones laborales y costas legales para un grupo de 400 trabajadores del proyecto Red Frog.
El caso de Caballero y otros líderes del Suntracs ha generado un intenso debate en Panamá. Sus defensores argumentan que se trata de una persecución política orquestada por el gobierno para debilitar al sindicato, que ha sido un crítico vocal de las políticas gubernamentales. Sus detractores, por otro lado, sostienen que las investigaciones son legítimas y que los líderes del Suntracs deben rendir cuentas por sus acciones.
La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de imponer la retención domiciliaria con brazalete electrónico a Caballero representa un punto intermedio en este complejo caso. Si bien no es una liberación total, sí le permite a Caballero defenderse en libertad, aunque con restricciones. El futuro del caso dependerá de la presentación de pruebas por parte de la fiscalía y de la defensa de Caballero, así como de la decisión final del tribunal. La comunidad panameña observa atentamente el desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas para el futuro del movimiento sindical en el país. La sombra del blanqueo de capitales y la corrupción planea sobre el Suntracs, y la búsqueda de la verdad continúa.
