El gobierno uruguayo rescindió el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada, desatando una fuerte polémica y acusaciones cruzadas. Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto y exsenador, reaccionó con contundencia a la decisión, exigiendo que se investigue a fondo si hubo corrupción en el proceso de adjudicación y que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
A través de un posteo en la red social X, Manini Ríos planteó un ultimátum: si se comprueba la corrupción, “que los responsables terminen presos”. Pero también advirtió que, si la rescisión del contrato se basó en difamaciones y una actuación negligente que provocará pérdidas millonarias para el Estado uruguayo, “que quienes impulsaron todo esto asuman sus responsabilidades civiles y penales”. El excomandante en jefe del Ejército expresó su preocupación de que se trate de una “mezquina jugada política” y confió en que la verdad salga a la luz.
En una entrevista con radio Monte Carlo, Manini Ríos profundizó en sus declaraciones, enfatizando el hartazgo de la ciudadanía ante casos de corrupción impune. Recordó los “centenares de millones de dólares” perdidos por Ancap en el pasado y la fallida apuesta por una regasificadora que nunca llegó a producir gas, como ejemplos de la falta de rendición de cuentas en el país. “Lo que digo en ese posteo es lo que siente hoy cualquier ciudadano uruguayo. Si hubo corrupción que se vaya a fondo y que termine preso el que sea, del partido que sea”, afirmó con firmeza.
El líder de Cabildo Abierto no descartó la posibilidad de que la rescisión del contrato sea una maniobra para desprestigiar a la administración anterior y obtener réditos políticos de cara a las elecciones de 2029. En ese caso, instó a los responsables a asumir las consecuencias de sus actos y a pagar “civil y penalmente lo que tengan que pagar”.
Manini Ríos reconoció que existen razones para rescindir el contrato, señalando que la empresa Cardama habría presentado avales falsos, una práctica inaceptable en cualquier licitación pública en Uruguay. Sin embargo, también sugirió que podría haberse optado por otras soluciones, como exigir el cumplimiento de las garantías o buscar alternativas para evitar mayores pérdidas.
“Entiendo que el riesgo de seguir pagando y seguir perdiendo es muy real; cualquiera con sentido común se da cuenta de que, si hoy son 30 millones lo que vamos a perder seguramente, porque ya se pagaron, si se seguía pagando el agujero podía ser más grande”, explicó.
Ante la propuesta del Partido Nacional de crear una comisión investigadora en el Parlamento para esclarecer los hechos, Manini Ríos se mostró favorable, aunque con una condición: que la investigación sea exhaustiva y abarque todos los aspectos del caso, “no un pedacito de la historia, sino la historia completa”. Cabildo Abierto, según el exsenador, dará sus votos para la creación de la comisión, siempre y cuando se garantice una investigación imparcial y transparente.
“Nosotros estamos totalmente de acuerdo que haya una [comisión] investigadora. Y vuelvo a repetir: si se determinan responsabilidades, que se vaya con todo a fondo y que paguen -con lo que sea, con cárcel, con sus recursos- todo el daño que se le está haciendo hoy al Uruguay”, reiteró Manini Ríos.
Más allá de la controversia por el contrato con Cardama, el exsenador cabildante enfatizó la urgencia de incorporar las patrullas oceánicas a la Armada uruguaya. Argumentó que cada año que pasa sin estas embarcaciones, el país pierde más dinero que el monto involucrado en el escándalo actual. “El verdadero monte -no el árbol, el monte- es que las patrulleras se incorporen de una vez por todas a la Armada”, concluyó.
La decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama ha generado un clima de tensión política y ha abierto un debate sobre la transparencia en la gestión pública y la necesidad de combatir la corrupción. La creación de una comisión investigadora en el Parlamento podría ser clave para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, pero la postura de Manini Ríos deja claro que no se conformará con una investigación superficial o sesgada. La ciudadanía uruguaya espera respuestas claras y contundentes, y exige que los responsables de cualquier irregularidad rindan cuentas ante la justicia. El futuro de la Armada y la confianza en las instituciones están en juego.
