Montevideo, 15 de febrero de 2026 – Un escándalo de corrupción que se remonta a 2021 vuelve a sacudir al gremio de la construcción uruguaya. Documentos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) revelan pagos irregulares al Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) que habrían servido para desviar fondos públicos a beneficio de exdirigentes sindicales, incluyendo a Bruno Bertolio, ya condenado por delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia.
La investigación, basada en un acta del Fosvoc fechada el 7 de septiembre de 2021 a la que accedió Montevideo Portal, detalla la aprobación de pagos al Sunca para cubrir “jornales de licencias sindicales”. Sin embargo, la realidad, según las evidencias, dista mucho de ser tan simple. Stella Rey, jefa administrativa del fondo en ese momento, habría realizado 26 transferencias a dos obreros afiliados al Sunca, con la instrucción de quedarse con una parte del dinero y remitir el resto a Bruno Bertolio.
Este no habría sido el único mecanismo utilizado para desviar fondos. El acta en cuestión, firmada por Bertolio y dos representantes del ámbito corporativo, especifica que el pago se realizó “junto con las correspondientes partidas espejo para las gremiales empresariales”. En total, se transfirieron $325.022 en concepto de 80 jornales, de los cuales 20 fueron destinados al propio Bertolio y 60 a otros tres dirigentes sindicales.
El caso ha resurgido en un momento delicado para el Sunca, que recientemente celebró su XIX Congreso. Javier Díaz, el actual secretario general del sindicato, no ha dudado en calificar a los involucrados como “chorros” y “delincuentes”, enfatizando la postura firme del sindicato en la lucha contra la corrupción. Díaz ha anunciado que la dirección del Sunca presentará una demanda civil “contra todos los involucrados para recuperar la plata que robaron”.
“Si bien la Justicia logró juicios abreviados para procesar a los involucrados, nunca estuvo sobre la mesa que devolvieran la plata robada”, lamentó Díaz, cuestionando la falta de medidas para la recuperación de los fondos desviados. La demanda civil busca revertir esta situación y asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
La condena de Bertolio, junto a Víctor Rivero y Santiago Bernaola en junio pasado, había sido un golpe importante para la imagen del Sunca. Los tres fueron declarados coautores de los delitos mencionados y recibieron penas de entre dos años y un mes y dos años y tres meses de penitenciaría. Sin embargo, la revelación de los nuevos detalles sobre el desvío de fondos a través del Fosvoc sugiere que la trama de corrupción podría ser aún más extensa y profunda de lo que se creía inicialmente.
Díaz también ha criticado a la Justicia por haber explorado “hipótesis delirantes” sobre un supuesto financiamiento del fondo de vivienda al Partido Comunista, al Sunca y a la campaña del Sí (referéndum sobre la reforma social). El secretario general considera que estas investigaciones fueron una distracción que impidió centrarse en la verdadera magnitud del fraude.
El caso plantea serias interrogantes sobre los controles internos del Fosvoc y la supervisión de los fondos públicos destinados a la vivienda. La facilidad con la que se pudieron realizar las transferencias irregulares y el desvío de fondos sugiere la existencia de fallas en los mecanismos de control y la posible complicidad de otros funcionarios.
La demanda civil anunciada por el Sunca podría abrir una nueva etapa en la investigación del caso, permitiendo esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y recuperar los fondos desviados. La opinión pública espera que la Justicia actúe con firmeza y celeridad para garantizar que los culpables sean castigados y que se eviten futuros casos de corrupción en el gremio de la construcción.
El impacto de este escándalo podría extenderse más allá del Sunca y el Fosvoc, afectando la confianza de los trabajadores en sus sindicatos y en las instituciones públicas. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la credibilidad y asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y honesta.
La investigación continúa en curso, y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos detalles sobre este complejo caso de corrupción. La sociedad uruguaya observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, esperando que se haga justicia y que se protejan los intereses de los trabajadores y de la comunidad en general. La recuperación de los fondos robados y el castigo de los responsables son pasos esenciales para fortalecer la democracia y promover una cultura de integridad y transparencia en la gestión pública.
