El Ministerio Público de Várzea Grande y el Ayuntamiento han alcanzado un acuerdo histórico para abordar las recurrentes inundaciones que afectan al loteo Joaquim Agostinho Curvo. El acuerdo, formalizado a través de un Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), compromete al poder público a implementar una serie de medidas urgentes y estructurales destinadas a prevenir futuros desastres y reparar los daños ambientales acumulados a lo largo de los años.
La problemática del loteo Joaquim Agostinho Curvo no es reciente. Los residentes han sufrido los embates de las inundaciones durante años, con episodios especialmente graves en febrero de este año que llevaron al Ayuntamiento a declarar el estado de emergencia a través del Decreto nº 08/2026. La situación, que se remonta a 2004, se judicializó en 2020, pero hasta ahora no se había logrado un avance significativo en la búsqueda de soluciones.
El TAC representa un punto de inflexión en esta larga historia. El Ayuntamiento ha reconocido su responsabilidad en la falta de infraestructura adecuada y en la permisividad ante la construcción irregular en áreas verdes y de preservación permanente (APP). El acuerdo establece un plan de acción integral que abarca desde la demolición de construcciones ilegales hasta la implementación de un sistema de drenaje definitivo para toda la sub-cuenca hidrográfica que abarca el loteo.
Entre las medidas más inmediatas, el Ayuntamiento se compromete a demoler, en un plazo de tres días tras la homologación judicial del TAC, una edificación irregular deshabitada ubicada en la Rua Joaquim Agostinho Curvo, cerca de las calles São Paulo e Itália. Además, deberá desobstruir la red de drenaje local en un plazo máximo de diez días. A mediano plazo, se prevé la instalación de una nueva red de drenaje en las calles Itália y Cuiabá en un plazo de 90 días, y la pavimentación del prolongamiento de la Rua Cuiabá en un plazo de 180 días.
Sin embargo, el TAC va más allá de las soluciones paliativas. El Ayuntamiento también se compromete a realizar un estudio social y de riesgo exhaustivo de los ocupantes de las áreas afectadas en un plazo de 120 días. Este estudio es fundamental para identificar las condiciones de cada familia y determinar las necesidades de apoyo social. A partir de este diagnóstico, se notificarán a los moradores y se iniciará un proceso administrativo de desocupación, garantizando el debido proceso legal y la asistencia adecuada a las familias vulnerables. En caso de ser necesario, se promoverá la reubicación de las familias más necesitadas, de acuerdo con la legislación vigente y las políticas habitacionales disponibles.
Una vez completada la etapa de desocupación, se procederá a la demolición gradual de las construcciones irregulares y a la elaboración y ejecución del Plano de Recuperación de las Áreas Degradadas (Prad). Este plan abarcará las áreas verdes 05 y 06, así como las áreas de preservación permanente. El Ayuntamiento también se compromete a cercar estas áreas y a instalar placas de restricción ambiental para prevenir nuevas invasiones y asegurar su preservación.
El TAC también contempla la posibilidad de regularización fundiaria urbana (Reurb) en las áreas verdes 03 y 05, siempre y cuando estudios socioambientales demuestren su viabilidad y conformidad legal. No obstante, la área verde 06 no podrá ser objeto de Reurb, ya que se encuentra en el punto de encuentro de dos arroyos urbanos y está destinada permanentemente a la drenaje.
Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es el compromiso del Ayuntamiento de elaborar los estudios necesarios para la implantación de un sistema de drenaje para toda la sub-cuenca hidrográfica que abarca el loteo. Este sistema de drenaje definitivo, que incluirá la retirada de la estructura actual ubicada en el área verde 06, se diseñará para prevenir nuevos episodios de inundación.
Además, el Ayuntamiento se compromete a instalar la red pública de saneamiento en el loteo una vez que se concrete la concesión del Departamento de Agua y Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG). En caso de que la concesión no se concrete, el Ayuntamiento asumirá directamente la ejecución del sistema de saneamiento, garantizando la instalación de la infraestructura necesaria.
La promotora de Justicia Michelle de Miranda Rezende Villela destacó la importancia del acuerdo, señalando que se trata de una demanda iniciada en 2004 y judicializada en 2020, que ahora finalmente ha avanzado. “Lo relevante en este caso es que estamos ante una demanda iniciada en 2004, judicializada apenas en 2020, y que ahora finalmente avanzó. El Ayuntamiento reconoció su responsabilidad y firmó un acuerdo para ejecutar las obras de drenaje en el loteo. Aunque aún haya etapas a ser cumplidas, iniciando por las acciones emergentes y, en seguida, por las obras definitivas, el hecho de que el Ayuntamiento admita la falla y asuma la solución ya representa un avance importante para la comunidad y para la recuperación ambiental del área”, afirmó la promotora.
El TAC representa una victoria para los residentes del loteo Joaquim Agostinho Curvo, que durante años han sufrido los efectos devastadores de las inundaciones. El acuerdo ofrece una esperanza real de solución a un problema que ha afectado su calidad de vida y su patrimonio. La implementación efectiva del TAC requerirá un esfuerzo coordinado entre el Ayuntamiento, el Ministerio Público y la comunidad, pero el resultado final será un loteo más seguro, más sostenible y más habitable para todos sus residentes. La comunidad local ha expresado su alivio y optimismo ante este acuerdo, esperando que las promesas se cumplan y que las inundaciones sean finalmente cosa del pasado. El seguimiento del cumplimiento del TAC será crucial para garantizar que las medidas se implementen de manera oportuna y efectiva, y para asegurar que el loteo Joaquim Agostinho Curvo pueda finalmente superar esta larga y dolorosa historia de inundaciones.
