Investigación por contratos millonarios tras el megaincendio de Valparaíso apunta a irregularidades en la adjudicación a una empresa sin experiencia y con domicilio cuestionable.
La Bancada de Diputados del Partido Republicano ha anunciado que presentará una Comisión Especial Investigadora (CEI) para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de servicios de reconstrucción tras el devastador megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024. La investigación se centrará en un trato directo por más de $6 mil millones adjudicado por la Delegación Presidencial Regional a la empresa San Nicolás, durante la gestión de la entonces delegada presidencial, Sofía González, quien actualmente es diputada electa por el Partido Comunista.
La denuncia, que ha generado gran controversia, se basa en la información recopilada por la Contraloría General de la República, que ha puesto en duda la transparencia y legalidad de los procesos de contratación llevados a cabo en el marco de la emergencia. Según los parlamentarios de la bancada Republicana, la empresa San Nicolás, constituida en 2021 y liderada por un joven de tan solo 20 años, carecía de la experiencia, la maquinaria y el personal necesarios para ejecutar las labores comprometidas, que incluían la remoción de escombros y la demolición de viviendas afectadas, principalmente en el sector de El Olivar, una de las zonas más golpeadas por el incendio.
El diputado por el Distrito 7, Luis Fernando Sánchez, calificó la situación como “francamente escandalosa”, expresando su preocupación por la posible malversación de fondos públicos. “Es inaceptable que se entreguen miles de millones de pesos a una empresa sin experiencia, en medio de un proceso de reconstrucción tan sensible y urgente”, declaró el legislador. Sánchez también señaló que, según lo revelado por diversos medios de comunicación, el domicilio registrado de la empresa San Nicolás correspondería a un centro de estética, lo que refuerza las sospechas sobre su legitimidad y capacidad para llevar a cabo los trabajos adjudicados.
Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi (Distrito 6) enfatizó la gravedad de los hechos y exigió una investigación exhaustiva tanto en el ámbito penal como en el político. “Estamos ante una situación de la máxima gravedad que debe ser investigada a fondo para determinar las responsabilidades de todos los involucrados”, afirmó la parlamentaria. Barchiesi destacó que la creación de la CEI es fundamental para “develar las responsabilidades políticas” por las irregularidades detectadas por la Contraloría, considerando que una de las autoridades involucradas, Sofía González, ha sido electa para integrar la Cámara de Diputados.
La bancada Republicana confía en que su solicitud de creación de la CEI sea respaldada por la Sala, argumentando que los habitantes de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, las comunas más afectadas por el incendio, así como el país en su conjunto, tienen derecho a conocer el destino de los recursos públicos destinados a la emergencia. Los parlamentarios sostienen que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y responsable.
La empresa San Nicolás, hasta el momento, no ha emitido una declaración oficial en relación con las acusaciones. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación revelan que la empresa ha intentado justificar la adjudicación del contrato argumentando que subcontrató a otras empresas con experiencia en el rubro para llevar a cabo los trabajos. No obstante, esta explicación no ha convencido a los parlamentarios de la bancada Republicana, quienes insisten en que la empresa San Nicolás no cumplía con los requisitos mínimos para participar en la licitación y que su adjudicación fue irregular.
La Contraloría General de la República, por su parte, ha confirmado que está llevando a cabo una auditoría exhaustiva de los contratos adjudicados tras el megaincendio de Valparaíso, incluyendo el contrato con la empresa San Nicolás. Se espera que los resultados de la auditoría se conozcan en las próximas semanas y que aporten elementos clave para la investigación de la CEI.
El caso ha generado un fuerte debate político en el país, con acusaciones cruzadas entre los diferentes partidos. La oposición ha criticado duramente la gestión de la exdelegada presidencial Sofía González, acusándola de favorecer a una empresa sin experiencia en detrimento de otras que sí contaban con los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción. Por su parte, el Partido Comunista ha defendido a González, argumentando que actuó de buena fe y que la adjudicación del contrato a la empresa San Nicolás se realizó siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.
La creación de la CEI representa un paso importante para esclarecer las irregularidades detectadas en la contratación de servicios tras el megaincendio de Valparaíso. Se espera que la investigación permita determinar si hubo actos de corrupción o negligencia en la gestión de los recursos públicos y que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley. El caso ha puesto de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de las emergencias y de garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y responsable para ayudar a las personas afectadas por los desastres naturales. La ciudadanía espera con atención los resultados de la investigación y confía en que se haga justicia.
