El ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en el caso de la senadora Fabiola Campillai, disfrutó este domingo 8 de febrero de su primera salida dominical del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina, en la Región del Maule. El hecho ha reabierto el debate sobre la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, generando fuertes reacciones tanto de apoyo como de rechazo.
Maturana, quien cumple una condena de 12 años y 813 días de presidio, abandonó el recinto penitenciario a las 07:00 horas de la mañana, sin realizar declaraciones a la prensa congregada en el exterior. La salida fue autorizada por Gendarmería tras una solicitud presentada por el ex efectivo policial y una posterior evaluación favorable por parte del Consejo Técnico del CCP de Molina.
Según el comunicado emitido por la institución penitenciaria, el Consejo Técnico analizó diversas solicitudes de beneficios intrapenitenciarios, considerando los requisitos legales y reglamentarios establecidos. “Entre estos, se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda”, se detalla en el texto.
La decisión ha provocado indignación en sectores de la sociedad civil y en la familia de Fabiola Campillai, quienes cuestionan la pertinencia de otorgar este tipo de beneficios a un condenado por un delito de esta naturaleza. Argumentan que la salida dominical revictimiza a la senadora y a sus familiares, y que envía un mensaje de impunidad a quienes han cometido abusos de poder.
En contraste, un grupo de personas pertenecientes a la ONG Grupo de Apoyo a los Caídos se presentó en las afueras del CCP de Molina para manifestar su respaldo a Maturana. Los integrantes del grupo sostienen que el ex capitán de Carabineros es inocente y que fue víctima de una persecución política. Afirman que la condena fue injusta y que Maturana ha sido tratado de manera desproporcionada por el sistema judicial.
La salida dominical de Maturana se enmarca en el régimen penitenciario chileno, que contempla la posibilidad de otorgar diversos beneficios a los internos que cumplen ciertos requisitos, como buen comportamiento, participación en programas de rehabilitación y avance en el cumplimiento de su condena. El objetivo de estos beneficios es favorecer la reinserción social de los internos y reducir el riesgo de reincidencia.
Sin embargo, en casos de delitos graves como el que involucra a Maturana, la aplicación de estos beneficios suele ser objeto de controversia. Los críticos argumentan que la gravedad de los hechos y el daño causado a las víctimas deben ser considerados como factores determinantes a la hora de evaluar la concesión de beneficios penitenciarios.
El caso de Fabiola Campillai se remonta a marzo de 2011, cuando la entonces diputada fue detenida durante una manifestación en Santiago. Durante su detención, sufrió lesiones oculares graves que la dejaron ciega de un ojo. Maturana, quien era el capitán a cargo del operativo policial, fue acusado de ordenar el uso de bombas lacrimógenas a corta distancia, lo que provocó las lesiones de la parlamentaria.
Tras un largo proceso judicial, Maturana fue condenado en 2018 a 12 años y 813 días de presidio por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2020, poniendo fin a una saga judicial que mantuvo en vilo a la opinión pública durante años.
La salida dominical de Maturana es solo una etapa más en el cumplimiento de su condena. El ex capitán de Carabineros deberá regresar al CCP de Molina al término del día, y continuará cumpliendo su pena en el régimen penitenciario establecido. Sin embargo, el hecho ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma del sistema penitenciario que garantice una mayor protección a las víctimas y una aplicación más rigurosa de la ley en casos de violaciones a los derechos humanos.
La discusión se extiende a la percepción pública sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la impunidad que, en ocasiones, parece rodear a los agentes del Estado. El caso Campillai se convirtió en un símbolo de la lucha contra la represión y la defensa de los derechos humanos, y la salida de Maturana ha generado un nuevo foco de tensión en un país marcado por un pasado de autoritarismo y violaciones a los derechos fundamentales.
La senadora Campillai, a través de sus abogados, ha manifestado su profundo dolor y decepción por la decisión de Gendarmería. Ha reiterado su convicción de que Maturana es culpable y que la justicia no ha sido plena en su caso. Ha anunciado que continuará luchando por la verdad y la justicia, y que no descansará hasta que todos los responsables de las violaciones a sus derechos sean castigados.
El debate sobre la salida dominical de Maturana seguramente continuará en los próximos días, alimentado por las diferentes perspectivas y sensibilidades que existen en la sociedad chilena. El caso pone de manifiesto la complejidad de los temas relacionados con la justicia, la reparación a las víctimas y la reinserción social de los condenados, y la necesidad de un diálogo abierto y constructivo para encontrar soluciones que sean justas y equitativas para todos.
