El Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunció este miércoles 4 de febrero de 2026 la interrupción provisional de las negociaciones de paz que venía sosteniendo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Córdoba, tras la reunión que éste sostuvo el día anterior con el presidente [información omitida de la fuente]. La decisión, que ha generado una ola de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, pone en jaque el ambicioso proyecto de Paz Total impulsado por el gobierno de Petro, y reabre el debate sobre la viabilidad de alcanzar acuerdos con las estructuras criminales más grandes del país.
La ruptura se produce en un momento delicado del proceso negociador, que se había iniciado con cautela y optimismo a finales de 2025. Las conversaciones, facilitadas por mediadores internacionales y representantes de la Iglesia Católica, buscaban abordar temas centrales como la desmovilización de los combatientes, la entrega de armas, la reparación a las víctimas y la participación política de los exintegrados. Si bien se habían logrado algunos avances iniciales, las diferencias persistían en puntos clave como la definición de las penas para los miembros del Clan del Golfo involucrados en delitos graves, y la garantía de seguridad para los líderes de la organización durante el proceso de desmovilización.
Según fuentes cercanas a la mesa de negociación, la decisión del Clan del Golfo de suspender las conversaciones fue motivada principalmente por la percepción de que el gobierno de Petro no estaba cumpliendo con sus compromisos. En particular, los líderes de la organización se quejaron de la lentitud en la implementación de los programas de desarrollo rural integral en las zonas donde tienen presencia, y de la falta de garantías efectivas para proteger a sus miembros de las acciones de las fuerzas de seguridad y de grupos armados rivales.
La reunión entre el presidente Petro y el presidente [información omitida de la fuente] habría sido el detonante final de la crisis. Aunque los detalles de la conversación no han sido revelados, se sabe que ambos mandatarios discutieron sobre la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y de combatir el narcotráfico, una de las principales fuentes de financiación del Clan del Golfo. Al parecer, el presidente [información omitida de la fuente] habría expresado su preocupación por la posibilidad de que las negociaciones con el gobierno de Petro pudieran debilitar la lucha contra el crimen organizado, y habría instado a una postura más firme frente a las estructuras criminales.
La reacción del gobierno de Petro no se hizo esperar. En una declaración pública, el presidente Petro lamentó la decisión del Clan del Golfo, pero reiteró su compromiso con la búsqueda de la paz. El gobierno nacional seguirá abierto al diálogo con todos los grupos armados que estén dispuestos a abandonar la violencia y a someterse a la justicia , afirmó Petro. Sin embargo, no cederemos ante las presiones ni ante las amenazas. La paz se construye con firmeza y con respeto a la ley .
La interrupción de las negociaciones con el Clan del Golfo ha generado una profunda división en la opinión pública colombiana. Mientras que algunos sectores han criticado duramente al gobierno de Petro por considerar que ha sido demasiado complaciente con los criminales, otros han defendido la necesidad de explorar todas las vías posibles para alcanzar la paz. Los críticos argumentan que las negociaciones con el Clan del Golfo legitiman a una organización responsable de innumerables crímenes y violaciones de los derechos humanos, y que el gobierno está poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos al ofrecerles beneficios a los delincuentes. Los defensores, por su parte, sostienen que la paz es el único camino para superar el conflicto armado y construir un futuro mejor para Colombia, y que es necesario dialogar con todos los actores involucrados, incluso con aquellos que han cometido graves delitos.
La situación es aún más compleja debido a la presencia de otros grupos armados en Colombia, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobierno de Petro también está llevando a cabo negociaciones de paz con estos grupos, y la interrupción de las conversaciones con el Clan del Golfo podría tener un efecto dominó en el proceso general de Paz Total .
Analistas políticos advierten que la ruptura de las negociaciones con el Clan del Golfo podría llevar a un recrudecimiento de la violencia en las zonas donde tiene presencia, y a un aumento de la actividad criminal, como el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro. También temen que la organización pueda buscar alianzas con otros grupos armados para fortalecer su posición y desafiar al gobierno.
El futuro de las negociaciones con el Clan del Golfo es incierto. El gobierno de Petro ha manifestado su disposición a retomar las conversaciones, pero ha dejado claro que no cederá ante las exigencias de la organización. Por su parte, los líderes del Clan del Golfo han condicionado su regreso a la mesa de negociación al cumplimiento de sus demandas. La resolución de esta crisis dependerá de la capacidad de ambas partes para encontrar un punto de encuentro y superar las diferencias que las separan. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, y ha ofrecido su apoyo para facilitar el diálogo y promover la paz en Colombia. La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el proceso de paz, y el futuro de Colombia pende de un hilo.
