---
Punta Arenas, Chile – En una decisión judicial trascendental que resuena en la administración pública regional, el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas ha condenado a la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes a pagar una indemnización superior a los 51 millones de pesos a una funcionaria pública, tras determinar que su despido fue una represalia directa por ejercer sus derechos legales. La sentencia, dictada por el magistrado Cristian Armijo Silva, establece un precedente crucial en la protección de los derechos laborales de los funcionarios estatales y pone en evidencia las consecuencias de vulnerar la garantía de indemnidad.
El caso se remonta a fines de noviembre de 2023, cuando la profesional, con más de 12 años de servicio en la institución, fue notificada de la no renovación de su contrato. La Seremi, en su defensa, argumentó que la decisión se enmarcaba en una reestructuración interna y que el puesto ocupado por la funcionaria era considerado un “cargo de confianza” debido a su Grado 4 E.U.S. (Estatuto del Funcionamiento Administrativo). Sin embargo, el juez Armijo Silva rechazó categóricamente estas justificaciones, calificándolas de “formales e insuficientes”.
La investigación judicial reveló que, al momento de su despido, la funcionaria no desempeñaba funciones de confianza política, sino que se dedicaba a labores administrativas internas. Esto desvirtuaba el argumento de la Seremi, quien pretendía justificar la remoción de la profesional como una decisión discrecional propia de un cargo de confianza. El tribunal consideró que la verdadera motivación detrás del despido fue una demanda de tutela laboral anterior que la funcionaria había interpuesto contra el mismo servicio, lo que configuraba una clara violación a la garantía de indemnidad, un derecho fundamental que protege a los trabajadores de represalias por parte de sus empleadores tras iniciar acciones judiciales.
El fallo judicial no solo se basó en la inconsistencia de los argumentos de la Seremi, sino también en pruebas contundentes que demostraron el impacto psicológico que el conflicto laboral tuvo en la salud de la funcionaria. Peritajes realizados por el Servicio Médico Legal (SML) confirmaron que la mujer sufrió una sintomatología ansioso-depresiva a raíz de la situación, lo que evidenció el daño emocional y psicológico causado por el actuar de la institución estatal.
El tribunal consideró que la Seremi no solo actuó de manera ilegal al despedir a la funcionaria por represalia, sino que también truncó una carrera profesional de más de una década, afectando profundamente su bienestar emocional y su estabilidad laboral. En consecuencia, el juez Armijo Silva ordenó el pago de una indemnización total de $51.046.830, desglosada en dos componentes principales.
Una parte significativa de la indemnización, $41.046.830, corresponde a una indemnización especial de tutela laboral, equivalente a 11 sueldos de la funcionaria. Esta compensación busca resarcir el daño económico causado por el despido injustificado y la vulneración de sus derechos laborales. Adicionalmente, el tribunal ordenó el pago de $10.000.000 por daño moral, reconociendo el sufrimiento emocional y psicológico que la funcionaria experimentó como consecuencia del conflicto laboral y la actitud de la Seremi.
La sentencia ha generado una fuerte repercusión en la administración pública regional, ya que establece un precedente importante en la protección de los derechos de los funcionarios estatales. La decisión judicial envía un mensaje claro a las instituciones públicas: no se tolerará la represalia contra los trabajadores que ejerzan sus derechos legales y que cualquier intento de justificar despidos injustificados bajo pretextos formales será rechazado por los tribunales.
Abogados laboralistas han destacado la importancia del fallo, señalando que fortalece la garantía de indemnidad y protege a los funcionarios públicos de posibles abusos por parte de sus empleadores. Asimismo, han enfatizado la relevancia de las pruebas psicológicas presentadas por el SML, que permitieron acreditar el daño emocional y psicológico sufrido por la funcionaria, lo que contribuyó a la determinación de la indemnización por daño moral.
La Seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes aún no ha emitido una declaración oficial sobre el fallo judicial. Sin embargo, se espera que la institución presente recursos legales para impugnar la sentencia. Mientras tanto, la funcionaria afectada ha expresado su satisfacción por la decisión del tribunal, afirmando que la justicia ha sido finalmente impartida y que espera que este caso sirva como un ejemplo para proteger los derechos de los trabajadores públicos en la región. La dirección de la Seremi, ubicada en Avenida España #959, ha recibido numerosas consultas de otros funcionarios preocupados por la seguridad laboral tras esta decisión. El número de teléfono de contacto, 61 2 292900, ha estado saturado de llamadas.
