El Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha emitido un pronunciamiento oficial para aclarar la situación en torno a una fallida adquisición de televisores destinada a los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. La entidad ha confirmado que el proceso de compra fue anulado debido al incumplimiento de plazos por parte del proveedor, asegurando que no se realizó ningún desembolso de fondos públicos y que los equipos nunca llegaron a formar parte del patrimonio institucional. Esta acción, según el IPD, demuestra su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos asignados al evento deportivo.
La decisión de anular la adquisición fue tomada por la actual gestión del IPD tras una verificación exhaustiva del incumplimiento contractual por parte del proveedor. El proceso administrativo correspondiente fue cancelado en su totalidad, en estricta concordancia con la normativa vigente en materia de contrataciones públicas. Esta medida preventiva evitó cualquier posible perjuicio económico para el Estado y garantizó que los recursos destinados a los Juegos Bolivarianos se utilicen de manera eficiente y conforme a la ley.
El IPD enfatizó que, al constatar la imposibilidad del proveedor de cumplir con los plazos establecidos en el contrato, se optó por dejar sin efecto la adquisición, evitando así la recepción de bienes que no cumplirían con las especificaciones requeridas para el evento. La entidad aclaró que los televisores no fueron utilizados para ningún fin institucional, ni formaron parte del equipamiento logístico de los Juegos Bolivarianos. Además, se confirmó que los equipos fueron devueltos en su totalidad al proveedor, cerrando el proceso sin generar obligaciones económicas o administrativas adicionales para el Estado peruano.
Un punto crucial del pronunciamiento del IPD es la confirmación de que los televisores no fueron incorporados al patrimonio institucional. Esto significa que no se realizó la recepción definitiva de los bienes, ni se efectuó ningún registro contable relacionado con la adquisición. Esta aclaración busca disipar cualquier duda sobre un posible uso indebido de bienes o la permanencia de equipos adquiridos de manera irregular. La transparencia en este aspecto es fundamental para mantener la confianza pública en la gestión de los recursos destinados a los Juegos Bolivarianos.
Para reforzar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, el IPD informó que ha puesto a disposición de la Contraloría General de la República toda la documentación relacionada con este proceso de adquisición. Esta acción responde a la solicitud de información por parte del organismo de control y reafirma la disposición del IPD a colaborar plenamente con las autoridades competentes. La entrega de la documentación permitirá a la Contraloría evaluar el procedimiento administrativo seguido y descartar cualquier irregularidad en la gestión.
El IPD subrayó que mantiene una política de puertas abiertas frente a los órganos de control, reconociendo que la fiscalización es una parte esencial de una gestión responsable y transparente. La entidad se mostró confiada en que la revisión por parte de la Contraloría confirmará la legalidad y la corrección de las acciones tomadas para proteger los intereses del Estado y del deporte nacional.
Los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 representan un evento de gran importancia para el Perú, y su organización implica una serie de procesos logísticos y administrativos complejos. La adquisición de infraestructura, equipamiento y servicios es una parte fundamental de la preparación del evento, y cada proceso está sujeto a un riguroso control y supervisión. El IPD ha destacado que la anulación del proceso de compra de televisores demuestra la aplicación efectiva de los criterios de control interno para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de los proveedores.
El Instituto Peruano del Deporte reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, asegurando que todas las decisiones adoptadas buscan proteger los intereses del Estado y del deporte nacional. La entidad enfatizó que la cancelación del proceso de compra se realizó de manera oportuna, evitando cualquier perjuicio económico y garantizando que los recursos asignados a los Juegos Bolivarianos se utilicen de acuerdo con la ley.
Asimismo, el IPD recalcó que continuará informando de manera oportuna sobre los avances y las acciones relacionadas con la organización del evento deportivo internacional. La entidad reconoció que, debido a la magnitud de los Juegos Bolivarianos 2025, sus decisiones están sujetas a un alto escrutinio público, por lo que reiteró que cualquier observación o inquietud será atendida dentro de los canales institucionales correspondientes.
Finalmente, el IPD aseguró que seguirá fortaleciendo sus mecanismos de control y supervisión en los procesos de contratación, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro y garantizar el uso eficiente de los recursos asignados al deporte. La entidad se comprometió a mantener los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, asegurando que el evento sea un éxito tanto en lo deportivo como en lo administrativo. La dirección del IPD se encuentra ubicada en Av. Guardia Civil 1321, Oficina 1802, Surquillo, Lima – Perú.
