El senador Jorge Carlos Ramírez Marín ha presentado una iniciativa para endurecer las sanciones a adolescentes que cometan delitos de extrema gravedad. Esta propuesta surge como respuesta al incremento de delitos dolosos y al reclutamiento de menores por parte de grupos criminales en el país.
La iniciativa del senador busca modificar el Código Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objetivo de aplicar penas más severas a los jóvenes que participen en delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, violación y delincuencia organizada, entre otros.
Actualmente, el sistema de justicia para adolescentes en México se basa en un enfoque de reinserción social, con penas máximas de hasta cinco años de internamiento. Sin embargo, la propuesta del senador Ramírez Marín plantea aumentar significativamente estos plazos, llegando incluso a la posibilidad de juzgar a los menores como adultos en casos de delitos graves.
"Estamos viviendo un momento crítico en el que la delincuencia organizada está reclutando cada vez más a menores de edad para cometer actos delictivos. Debemos endurecer las sanciones para enviar un mensaje claro de que estos crímenes no serán tolerados", explicó el senador.
La iniciativa también contempla la creación de un registro nacional de adolescentes infractores, con el fin de dar seguimiento a sus casos y evitar que puedan reincidir en actividades delictivas. Asimismo, se propone fortalecer los programas de prevención y atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad, para evitar que caigan en las redes del crimen organizado.
La propuesta ha generado un intenso debate entre expertos en justicia juvenil, defensores de derechos humanos y autoridades gubernamentales. Algunos cuestionan si el endurecimiento de las penas es la solución más efectiva, argumentando que se debe priorizar la rehabilitación y la reinserción social de los adolescentes infractores.
"Debemos ser cuidadosos al momento de endurecer las sanciones, ya que esto podría tener un impacto negativo en el desarrollo y la reintegración de los jóvenes a la sociedad. Es fundamental mantener un enfoque integral que combine la prevención, la atención y la justicia restaurativa", señaló una experta en justicia juvenil.
El debate sobre esta iniciativa se mantendrá abierto en el Congreso de la Unión, donde se analizarán los argumentos y se buscará encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de los adolescentes.
