El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) admitió este domingo una solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura. La petición fue presentada por asambleístas del correísmo, quienes lo acusan de presuntas presiones a un juez anticorrupción en un caso de lavado de activos.
El juez Carlos Serrano denunció que un exdirector provincial de la Judicatura le pidió "poner especial atención" en un proceso contra Jezdimir Srdan, narcotraficante serbio que fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy. Serrano renunció tras recibir amenazas por su participación en el tribunal que condenó al imputado a diez años de prisión.
La solicitud ahora será analizada por la Comisión de Fiscalización, controlada por el oficialismo, que deberá emitir un informe para recomendar o no llevar a Godoy al pleno del Legislativo. La asambleísta correísta Viviana Veloz advirtió que el país debe vigilar el proceso, cuestionando la confianza en la comisión por su historial en este periodo parlamentario.
Este nuevo escándalo en la Judicatura se produce en medio de una crisis institucional que ha afectado la credibilidad del sistema de justicia ecuatoriano. Los señalamientos de presiones e injerencia política en casos de alto perfil han sido recurrentes, socavando la independencia y neutralidad que deben caracterizar a los órganos encargados de impartir justicia.
La admisión de este juicio político contra el presidente de la Judicatura pone en evidencia la gravedad de las acusaciones y la necesidad de que se realice una investigación exhaustiva y transparente. Es fundamental que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables, si se comprueba que hubo irregularidades, para recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Más allá de este caso puntual, el Gobierno y la Asamblea Nacional deben emprender una profunda reforma del sistema de justicia, que garantice su autonomía, imparcialidad y eficiencia. Solo de esta manera se podrá avanzar hacia un Estado de Derecho fortalecido, donde prime el imperio de la ley y se combata efectivamente la corrupción.
