La congresista del Partido Verde, Katherine Miranda, activó los mecanismos de control institucional al presentar una solicitud ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que se revise un contrato por 10.000 millones de pesos suscrito desde la Presidencia de la República con una firma internacional de abogados.
Miranda explicó que su decisión responde a inquietudes sobre la finalidad del convenio y su impacto sobre el erario público. Según la congresista, el acuerdo plantea dudas que no pueden pasar desapercibidas, especialmente cuando involucra fondos públicos destinados a un servicio jurídico relacionado con la situación personal del presidente Gustavo Petro.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la representante detalló que el contrato fue suscrito "para la defensa del presidente Gustavo Petro frente a un proceso personal relacionado con la llamada lista Clinton". Cuestionó la necesidad del desembolso, ya que, según el abogado Daniel Kovalic, el servicio jurídico era gratuito, pero "terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación".
Miranda reiteró que los recursos del presupuesto nacional deben destinarse a fines colectivos y no a controversias individuales. "Los recursos públicos no pueden utilizarse para defender intereses personales del presidente Gustavo Petro y menos aún en procesos que no representan un interés general del Estado", señaló.
La congresista solicitó que se investigue si en este caso pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales como peculado o contratación irregular. "Colombia merece transparencia. Los impuestos de los colombianos no pueden convertirse en la chequera personal del presidente Petro", enfatizó.
La solicitud de Katherine Miranda se conoce en medio de la atención pública sobre varios contratos recientes firmados por entidades del Gobierno, entre ellos el de los 10.000 millones de pesos a la firma Amadeus Consultancy Limited para prestar defensa internacional y asesoría jurídica especializada al presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según la información divulgada, el objeto del contrato es una "asesoría jurídica altamente especializada en defensa jurídica internacional", enfocada en el análisis normativo, estratégico y técnico del régimen de sanciones financieras que afecta al jefe de Estado. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) justificó la contratación externa argumentando que la Presidencia no contaba con personal interno capacitado para atender este tipo de procesos ante autoridades extranjeras.
La congresista Miranda aseguró que su actuación busca fortalecer la vigilancia institucional y no anticipar conclusiones. Espera que la Contraloría y la Procuraduría determinen si el contrato cumple con los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación pública en Colombia.
