El Gobierno nacional generó polémica al emitir un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades excepcionales para detener ciudadanos, una medida que ha sido fuertemente cuestionada por la oposición y organizaciones de derechos humanos.
El DNU, que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, habilitaría a la SIDE a detener personas por un plazo de hasta 48 horas sin orden judicial previa, una atribución que ha despertado una ola de críticas y preocupación por posibles abusos y violaciones a las garantías constitucionales.
"Es un retroceso gravísimo en materia de derechos y garantías. Estamos frente a un claro avance autoritario del Gobierno", manifestó el diputado opositor Martín Lousteau, quien adelantó que su partido presentará un recurso de amparo para intentar frenar la aplicación de esta medida.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió el DNU al argumentar que se trata de una herramienta necesaria para "combatir el crimen organizado y el terrorismo". Sin embargo, organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han expresado su rechazo, calificando la medida como "inconstitucional" y "peligrosa para las libertades ciudadanas".
Los críticos del DNU señalan que otorga a la SIDE, un organismo de inteligencia, facultades que tradicionalmente han correspondido a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, lo que podría derivar en abusos y violaciones a los derechos humanos. Temen que esta medida sea utilizada con fines políticos y para perseguir a opositores y disidentes.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el DNU responde a la necesidad de fortalecer las herramientas de seguridad en un contexto de creciente criminalidad y amenazas terroristas. Sin embargo, la oposición y los defensores de los derechos humanos advierten que esta decisión podría sentar un peligroso precedente y abrir la puerta a un mayor autoritarismo.
