El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) ha anunciado recortes significativos en los subsidios que otorgaba a personas con discapacidades severas y enfermedades graves, dejando a muchos de ellos en una situación de desamparo.
Casos como el de "Juliana", una josefina con discapacidad visual, cáncer en remisión y problemas pulmonares, ejemplifican la dramática situación que enfrentan estos ciudadanos. Juliana recibía anteriormente 240.000 colones mensuales para cubrir su alquiler, pero ahora solo le otorgan 60.000 colones, una reducción de más del 70%.
Otras personas en condiciones similares también han sido afectadas por estos recortes. Una mujer de 44 años, vecina de Coronado, no vidente y con varias enfermedades, pasará de recibir 390.000 colones mensuales a no recibir nada a partir de marzo. Un hombre de 55 años, con diabetes y discapacidad visual, verá reducido su subsidio del Instituto Hellen Keller de 50.000 a solo 5.000 colones.
Según la directora ejecutiva del Conapdis, Bilbia González Ulate, estos cambios responden a una "valoración pormenorizada" para "identificar cuáles eran los rubros dentro del programa que podían estar yendo más allá de las posibilidades" de la institución. Además, afirma que buscaban evitar "duplicidad" en los apoyos recibidos.
Sin embargo, estas medidas han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a personas que ya enfrentan graves problemas de salud y discapacidad, y que en muchos casos carecen de redes familiares de apoyo. Algunas de ellas han expresado su desesperación, preguntándose "¿debajo de cuál puente voy a meterme?" ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas.
El Conapdis ha señalado que las readecuaciones entrarán en vigor a partir de abril, y que en el primer trimestre del año aún regirán los montos anteriores. Además, han indicado que buscarán redirigir a los beneficiarios a otras instituciones como el IMAS, y que las personas afectadas podrán interponer recursos de revocatoria para una revaloración de sus casos.
Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes para paliar el impacto que tendrán estos recortes en la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población costarricense. Expertos y organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad han expresado su preocupación por el retroceso que representan estos cambios en la política social del país.
