La relación entre el chavismo venezolano y el correísmo ecuatoriano va más allá de una simple alineación ideológica. En los últimos años, una serie de hechos verificables a nivel judicial, diplomático y político han puesto en evidencia una conexión operativa que se extiende desde esquemas de corrupción transnacional hasta la protección de dirigentes correístas prófugos de la justicia ecuatoriana bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense como testaferro del régimen de Maduro y procesado por lavado de activos. En Ecuador, el nombre de Saab aparece vinculado a supuestas exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador que habrían servido para el movimiento irregular de capitales durante el gobierno de Correa. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador reabrió en 2021 una investigación sobre estas transacciones.
Pero la conexión no se limita al plano económico. Venezuela se ha convertido en un territorio de refugio para ex funcionarios y ex legisladores correístas procesados por delitos graves en Ecuador. Un caso emblemático es el de Ronny Aleaga, ex asambleísta del correísmo investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y procesado como sospechoso de la autoría intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio. Aleaga permanece en Venezuela en condición de prófugo, con denuncias sobre la colaboración de autoridades venezolanas para impedir acciones legales en su contra.
Estos episodios recientes permiten reconstruir cómo la relación entre el chavismo y el correísmo se ha mantenido activa incluso después de la salida de Rafael Correa del poder, quien no ha regresado a Ecuador pues tiene una sentencia por cohecho. La conexión operativa entre ambos regímenes abarca desde esquemas de corrupción transnacional hasta la protección de dirigentes correístas prófugos de la justicia ecuatoriana.
